A pesar de que fueron clausuradas y de que existe en su contra una orden de demolición total por no contar con los permisos correspondientes, dos torres de departamentos de seis y siete pisos se construyen en la calle Puente la Morena número 94, en la colonia San Pedro de los Pinos, delegación Benito Juárez, sin que ninguna autoridad detenga los trabajos.

La construcción, que comenzó desde 2013 con sólo exhibir permisos de demolición del anterior inmueble, ha causado daños en dos viviendas colindantes catalogadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) por su valor artístico. El deterioro fue ocasionado por la compañía Proesa al realizar excavaciones profundas con el uso de maquinaria pesada y sin medidas de protección a colindancias.

Legado histórico

Ambas casas forman parte de una vecindad construida con adobe y bóveda catalana, que datan de principios del siglo XX, cuando funcionaba como albergue de una guardia de soldados.

Dentro de mi vivienda la construcción ocasionó afectaciones en la barda colindante, en las barras de carga de la bóveda catalana, así como en los pisos, interior y exterior. En el caso de mi vecina, dañó uno de sus muros y colapsó el tubo del drenaje, detalló Pilar González Romo, una de las residentes afectadas.

Explicó que después de peregrinar por distintas depedencias, entre ellas la delegación Benito Juárez, logró que el 17 de octubre de 2014 se suspendieran los trabajos de construcción, pero días después se reaudaron, lo que denunció ante las autoridades competentes.

Nunca acudieron a su llamado, por lo que solicitó el apoyo de elementos de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes constataron el quebrantamiento de sellos y presentaron ante el Ministerio Público a dos responsables de la construcción, pero al no ser ratificada la denuncia por la delegación, regresaron a la obra.

Pilar González apuntó que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) intervino y solicitó a la delegación Benito Juárez hacer efectivo el estado de clausura, a lo que las autoridades respondieron que ya se había llevado a cabo la diligencia el 21 de abril de este año.

Se ordenó imponer el estado de clausura total (...), así como una sanción económica equivalente a 5 por ciento del valor de los trabajos de construcción de obra realizados en el inmueble que nos ocupa y su demolición total, se establece en el oficio DGJG/CV/5672/2015.

Sin embargo, en un recorrido por el lugar, se pudo constatar la presencia de un grupo de albañiles, que realizan los acabados de ambas torres. La PAOT puso en custodia el folio real del predio, por lo que se debe denegar cualquier trámite relacionado con el mismo.

González Romo pidió la intervención de las autoridades capitalinas para obligar a la constructora el pago de los daños causados, pues aunque ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público su caso no ha sido resuelto.