Iniciativa para enfrentar barreras estructurales e históricas
Viernes 26 de junio de 2015, p. 17
Diputadas de PAN y PRD elaboraron una iniciativa con reformas constitucionales en materia de paridad ampliada de género, con el propósito de enfrentar barreras estructurales e históricas
que obstaculizan a las mujeres el ejercicio de derechos políticos plenos.
Con ello se pretende que el Instituto Nacional Electoral (INE) incorpore como principio rector la paridad de género, extendiéndose a su integración misma, que en la Cámara de Diputados la paridad sea 50-50, lo mismo que en el Senado; que los nombramientos emitidos por el Ejecutivo también sean abordados bajo ese principio.
En el seno de la Comisión Permanente, las diputadas Amalia García Medina (PRD), Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), María Beatríz Zavala Peniche (PAN) y Eufrosina Cruz Mendoza (PAN) presentaron una iniciativa para incorporar la paridad de género como principio constitucional que finalmente logre transformar la política y dar paso a una verdadera representatividad de género.
A pesar de que los resultados del proceso electoral de 2015 muestran impacto positivo en la integración de más mujeres en los órganos legislativos, es necesario y urgente
subsanar la abrumadora subrepresentación que tienen en los órganos de decisión política.
Atendiendo el principio de progresividad de los derechos humanos, las diputadas proponen ajustar la aplicación de la paridad y hacerla extensiva para la integración de órganos judiciales y administrativos, así como para el nombramiento de quienes forman parte de ellos, con el propósito de alcanzar la paridad y desmontar en la estructura jurídica los obstáculos que perpetúan las resistencias que se conforman para no ceder los espacios y controlar el proceso de selección de las candidaturas y la asignación de espacios de decisión política.
Así, algunos de los aspectos más relevantes de la iniciativa pretenden que la designación de los integrantes y responsables de organismos, como la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se aplique siempre el principio de paridad de género.