La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) lleva un censo de casi 500 desapariciones en el estado de Guerrero; algunas datan de la llamada guerra sucia y muchas otras son de fechas recientes, como los 16 casos reportados apenas en mayo pasado en el municipio de Chilapa.

‘‘Pero la cifra va en aumento; hay más desapariciones que encontrados’’, señala el comisionado de la CEAV, Julio A. Hernández Barros, quien ha sido asignado por dicha institución para atender de manera directa la problemática de Guerrero.

En entrevista, señaló que lo ocurrido a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, hace exactamente nueve meses, y todo lo que ocurre en esa entidad, es una situación muy compleja que desde luego no puede verse de manera aislada. Es un problema extremadamente grave el que se vive y sufre en ese estado desde hace mucho tiempo, dijo.

Para la comisión, agregó, lo ocurrido a los normalistas es gravísimo. ‘‘Quizá haya tenido la virtud de haber puesto a flote muchos otros casos que permanecían ocultos y un problema que ya existía’’.

Explicó que la cifra de las desapariciones registradas por la CEAV –que tienen nombre y apellido, lugar donde residían y familiares que aún los esperan– se obtiene por medio de los datos que los propios familiares aportan en su acercamiento a la comisión y cuando llenan el formato único de declaración de víctimas.

Así, el comisionado Hernández Barros dijo que actualmente la CEAV atiende en Guerrero a casi 500 familias de desaparecidos, principalmente en los municipios de Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Arcelia y Atoyac de Álvarez.

De las recientes 16 desapariciones ocurridas en Chilapa el mes pasado, señaló que al parecer fueron a manos de presuntos policías comunitarios o personas que se hicieron pasar por miembros de esa agrupación, en una lucha que el narcotráfico sostiene en ese lugar entre las bandas rivales Los Ardillos y Los Rojos.

En cuanto al caso Ayotzinapa, dijo que aun cuando personal de la CEAV tiene acercamiento con los familiares de los jóvenes desaparecidos y se ha permitido que una unidad médica móvil ingrese a las instalaciones de la Escuela Normal, la confianza total todavía no se la han ganado. ‘‘Estamos en proceso, hay desconfianza de las víctimas y en general de la población, a todo lo que piensen que forma parte del gobierno’’.

Reconoce que en esta tarea la CEAV tiene una ventaja, pues uno de los requisitos para ser comisionado es no haber ocupado, cuando menos dos años previos al nombramiento, cargos en el gobierno ni haber militado en partido alguno. ‘‘Eso nos da cierta credibilidad que se ha fortalecido con el trabajo y el complimiento de los compromisos’’, explica.

Hernández Barros señala que en el caso de Guerrero, la CEAV ha diseñado una estrategia de atención que se inicia con la apertura de una ventanilla única donde están todas las dependencias del gobierno federal que forman parte del sistema nacional de atención a víctimas.