ario Gabriel Budebo, ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), presentó formalmente ante la Bolsa Mexicana de Valores un fondo de inversiones que operará con dinero proveniente de varias Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). EXI: Energía e Infraestructura de México invertirá recursos de los fondos de pensiones de los trabajadores en proyectos de infraestructura, principalmente en el sector energético. En la presentación del fondo que dirige, Budebo estuvo acompañado por otros connotados ex funcionarios públicos, como el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y José Sidaoui, ex subgobernador del Banco de México y ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Cabe recordar que las Afores operan en México desde que el ex presidente Ernesto Zedillo reformó la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1997, lo que implicó sustituir el esquema de pensiones solidarias por el de cuentas individuales. A dicha reforma, que afectaba principalmente a los trabajadores de empresas privadas, se sumó la realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) durante el gobierno de Felipe Calderón. Con el nuevo sistema de ahorro para el retiro, los empleados ya no tienen garantizado un nivel de ingresos mínimo durante su jubilación, sino que éste depende de los recursos que aporten a sus cuentas a lo largo de su vida laboral. Esto significa que la mayoría de los trabajadores sólo recibirá entre 25 y 30 por ciento del monto de su último salario previo a la jubilación.

Pese a las exiguas pensiones que entregan –entre las tres más bajas de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)–, las Afores que operan en México se han caracterizado por las costosas comisiones que cobran: las más altas en América Latina y la OCDE. Estos cobros crecen incluso cuando los ahorros de los trabajadores sufren pérdidas –eufemísticamente llamadas minusvalías– por la volatilidad internacional de los activos financieros que manejan: sólo en marzo de este año, los fondos de pensión perdieron 4 mil 200 millones de pesos, mientras las comisiones registraron un incremento de 10.8 por ciento, lo que permitió que las instituciones bancarias encargadas de administrar las cuentas para el retiro reportaran utilidades.

En forma significativa, el aumento en la edad mínima de jubilación y la deficiente cobertura del actual sistema de ahorro para el retiro –en el que sólo uno de cada tres asalariados recibirá algún tipo de pensión al concluir su vida laboral– coexisten con un escenario en el que un puñado de empresarios obtiene gigantescas ganancias a costa del ahorro de los trabajadores. Mientras que los segundos enfrentan, en su mayoría, una gran incertidumbre sobre su futuro, los primeros han encontrado en el actual modelo una vasta oportunidad de negocio. En el caso del fondo de inversiones anunciado ayer destaca un factor adicional: la participación de altos ex funcionarios públicos que en su momento tomaron decisiones estratégicas en la materia, y que hoy se encuentren al servicio de capitales privados que se han visto beneficiados por dichas decisiones.

Más allá del cariz inequitativo en el manejo de los ahorros para el retiro, la actual relevancia macroeconómica de esos recursos tendría que llevar al gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar su correcto manejo y administración prudente, empezando por una vigilancia estricta sobre las instituciones financieras que realizan esas tareas. Es inevitable referirse, en este punto, al historial reciente de casos en los que los ahorros de los trabajadores se han evaporado por efecto de la irresponsabilidad y la ambición de especuladores, como el estadunidense Bernard Madoff y de instituciones financieras como la española Bankia.

Lo menos que cabe pedirle a un Estado que ha renunciado a su compromiso de garantizar el futuro de sus trabajadores mediante la administración de sus ahorros es que se asegure de que los particulares encargados de realizar tal actividad no ocasionen, sea por irresponsablidad o por ambición, nuevos quebrantos al patrimonio de los asalariados y sus familias y, por extensión, a la economía nacional.