Los peritajes que confirman la ejecución de la mayoría de víctimas del caso Tla-tlaya, en el estado de México, corroboran la hipótesis de la opinión pública sobre el uso excesivo de la fuerza por el Ejército y fortalece la sospecha que no es un caso aislado, porque lo ocurrido recientemente en Apatzingán y Tanhuato tiene muchas similitudes, señalaron organizaciones de derechos humanos.

De acuerdo con Amnistía Internacional (AI) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), las conclusiones de los peritajes y estudios forenses oficiales publicados por La Jornada muestran que la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –en la gestión anterior– se quedó corta o a medias, además de que debe ser revisado el expediente penal para saber si se configuraron correctamente los delitos y si las líneas de investigación son correctas.

Perseo Quiroz Rendón, secretario ejecutivo de AI México, insistió en que la nueva información obliga a realizar una investigación a fondo sobre los hechos de Apatzingán y Tanhuato, donde también militares abatieron a civiles y hay versiones de que hubo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, además de que, al igual que en Tlatlaya, la versión oficial asegura que se trató de enfrentamientos.

Consideró positivo que el trabajo de los peritos confirme lo que prácticamente ya se sabía del caso Tlatlaya, pero lamentó que se hayan tardado tanto en hacerlo público, obligados por la presión de la opinión pública y la movilización social.

Sancionar a responsables, pide el IMDHD

Édgar Cortez, investigador del IMDHD, señaló que la presión pública y las investigaciones periodísticas evitaron que los peritajes del caso Tlatlaya, como ocurrió en otros hechos, fueran hechos a modo, de acuerdo con los intereses de la autoridad.

Consideró que las nuevas revelaciones deben traducirse en la imposición de condenas a los involucrados en las ejecuciones e imponer sanciones administrativas y penales a funcionarios como el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, y su procurador, por justificar y salir en defensa de las fuerzas armadas y dar una explicación de corte político. Las investigaciones, agregó, deben incluir a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entrevistado en Cuernavaca, Morelos, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, dijo que el Estado mexicano no ha esclarecido qué pasó y por qué ocurrió la masacre de 22 personas en Tlataya. Aseguró que en similares condiciones está el caso Iguala, donde policías municipales desaparecieron de manera forzada a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Al preguntarle sobre el fusilamiento de 11 personas en Tlatlaya, como informó ayer La Jornada, el funcionario respondió que la CNDH ya había dicho que por lo menos a 15 les violaron gravemente su derecho a la vida fuerzas militares; claro, el tema es la expresión (fusilamiento), pero la CNDH ya lo había dicho.