El interés de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de regular a fuerza a las empresas Uber y Cabify ha impedido alcanzar acuerdos, pues no existe diálogo, denunció la agrupación Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCM).

La imposición de representantes del gremio a modo en las mesas de trabajo que se realizaron la semana pasada y la manipulación a conveniencia de la ley han sido algunas de las prácticas para impedirlo, señaló.

Se busca avalar dichas acciones con la incorporación de los comentarios de los ciudadanos al documento que dio a conocer el Laboratorio de la Ciudad de México el domingo anterior, el cual será entregado a la Consejería Jurídica, indicó.

Los fuertes intereses económicos que representan Uber y Cabify, alertó, ha llevado a la Semovi a quebrantar la ley, pues no se les aplica ninguna sanción económica o penal, cuando es sabido que operan en la ilegalidad.

Ignacio Rodríguez y Daniel Medina, voceros de TOCM, aclararon que no estamos en contra del uso de la tecnología, sino contra Uber y Cabify, a las cuales se busca regular mediante un sistema flexible.

Se trata, dijeron los representantes, de crear un fideicomiso sustentable cuyos ingresos provendrán de quien utilice la vía pública, pero nadie dice cómo se aplicará y cómo evitar que se convierta en la caja chica del gobierno.

Hoy, reiteraron, varias organizaciones cuentan con aplicaciones tecnológicas, pero no han podido impulsarlas por los costos que implica la existencia de una competencia desleal y tarifas bajas.

La ciudad de México cuenta con la flotilla de transporte individual de pasajeros más grande del mundo, con 140 mil unidades, que opera con las tarifas más bajas del mercado, existiendo una sobreoferta del servicio, argumentaron.

Nuestra preocupación es que se solape la ilegalidad, pues los dados están cargados desde que se dio mayor difusión en el debate a esas empresas y nos querían dejar fuera de las mesas, advirtieron.

Las conclusiones y recomendaciones que se dieron a conocer el domingo pasado, agregó Rodríguez, no reflejan el sentir de los taxistas; son tendenciosas, para que dichas empresas sigan trabajando como quieran.

Por eso hicieron un llamado a las autoridades capitalinas para que actúen y cumplan con el marco de la ley, ubicando las unidades y remitiéndolas al corralón, porque están dando un servicio público, no privado.

Así que vamos a esperar con mucha atención en qué concluye la incorporación de los comentarios de la gente y en qué sentido vendrá el documento final que elaboren las autoridades capitalinas, para determinar las acciones a seguir, que podrían ser la vía jurídica, la calle o ambas”, concluyeron.