El gobierno mexicano aún no recibe ninguna solicitud de detención provisional en contra del ex gobernador de Tamaulipas (2005-2010), Eugenio Hernández Flores, quien fue acusado por una Corte en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.

El ex mandatario fue investigado durante el gobierno de Felipe Calderón por presuntos nexos con el cártel de Los Zetas, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) no formuló cargos en su contra.

Entre 2012 y 2013, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) emitió una orden de localización contra el ex gobernador de Tamaulipas, porque presuntamente participaba en una red de lavado de dinero relacionada con integrantes de las cárteles del Golfo y de Los Zetas.

Como parte de esa diligencias, autoridades federales catearon una residencia de Hernández Flores, que se llevó a cabo por agentes del Ministerio Público, junto con elementos del Ejército mexicano.

En aquel entonces, la PGR emitió otras 149 órdenes de localización contra ex funcionarios de esa entidad, entre ellos Tomás Yarrington, quien también fue gobernador de Tamaulipas, pero en contra de este último todavía se desahoga un litigio en tribunales porque el Ministerio Público Federal ha tratado de obtener una orden de aprehensión en su contra por delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Durante las investigaciones de 2012-2013, funcionarios la PGR señalaron que las indagatorias en las que estaba involucrado Eugenio Hernández era porque “presuntamente formaron parte de una red de blanqueo de dinero del cártel del Golfo y de operaciones financieras para ocultar el pago de sobornos por protección”.

En respuesta a las indagatorias, el ex gobernador declaró que todos sus ingresos y propiedades fueron adquiridos legalmente.

Ayer, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que fincó –en secreto, durante varios meses– una acusación contra el ex mandatario tamaulipeco por que supuestamente se descubrió que habría hecho transferencias y depósitos con recursos ilícitos por 30 millones de dólares.

En la acusación que enfrenta en territorio estadunidense también se menciona al cuñado del ex mandatario, Óscar Gómez Guerra, quien fue considerado indiciado en 2014 por los mismos cargos.

En julio de 2013 la PGR cerró sus indagatorias ya que no pudo ejercitar acción penal contra los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, porque las imputaciones con las que contaba fueron realizadas por testigos protegidos que finalmente no pudieron ser acreditadas.

Ahora, en Estados Unidos se busca decomisarle tres propiedades en la ciudad de McAllen y una en Austin, Texas, esta última valuada en 2.3 millones de dólares.

En caso de ser encontrados culpables (el ex gobernador y su cuñado) podrían alcanzar una pena máxima de 20 años por lavado de dinero y otra más de cinco años por la utilización de recursos ilícitos para hacer negocios.

La información fue difundida por el periódico San Antonio News y lo reproducen las páginas electrónicas de diarios de la frontera, centro y sur de Tamaulipas.