San Quintín

Las negociaciones van para largo.
“nos paramos y no volveremos
a estar de rodillas”

Lourdes Rudiño y Guadalupe Casimiro Sierra

Fidel Sánchez: “Nos pusimos de pie y no nos volveremos a arrodillar FOTO: Lourdes Rudiño

San Quintín, Ensenada, junio de 2015. Ya se cumplieron tres meses desde que el 17 de marzo jornaleros del Valle de San Quintín (VSQ) declararon un paro con la exigencia de aumentos salariales del ciento por ciento y afiliación generalizada al Seguro Social, y para reclamar sus derechos humanos y laborales.

Si bien las autoridades estatales y federales reaccionaron en principio con traspiés, pensando que podrían resolver el tema de manera tradicional, apoyándose en los contratos de protección patronal en manos de ancestrales centrales sindicales priistas –como señala el abogado Arturo Alcalde, asesor de los jornaleros de SQ-, muy pronto y luego de la desacreditación que hicieron los trabajadores de esas centrales, debieron sentarse en la mesa de negociaciones, y en pleno, con representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Así, se firmó una primera minuta de acuerdos el 14 de mayo –con muchos asegunes, dice Alcalde, por ejemplo con el compromiso gubernamental de “completar” sueldos que los patrones no cumplieran-, y luego se signó una nueva minuta el 4 de junio que corrigió en parte esos asegunes, y que se logró después de que el gobierno federal, desde la Secretaría de Gobernación, indujera a los inicialmente reacios empresarios a participar y comprometerse; la inducción fue sutil, fue por medio de ordenar inspecciones del Seguro Social a los ranchos, mismas que se han realizado en las semanas recientes.

Pero la cosa no termina allí, hacia julio se prevén nuevas negociaciones y de acuerdo con Fidel Sánchez Gabriel, uno de los voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, éstas deberán clarificar conceptos acordados el 4 de junio, en específico el de “salario integrado” (pues en éste ha sido usual que empresarios involucren aguinaldo, vacaciones y demás prestaciones) y tendrá que avanzarse también en la definición de pagos a los jornaleros por las labores que realizan a destajo; el primer rubro será la cosecha de fresa.

El punto de partida de la negociación es 30 pesos por caja de fresa (contra diez u 11 que hoy se pagan); en jitomate, que se paga a cuatro pesos la cubeta, “pedimos ocho pesos y allí no debe haber negociación”. Posteriormente la Alianza buscará establecer acuerdos para el destajo de la cosecha de pepino, chile jalapeño, calabaza, chícharos, ejotes, brócoli, col de Bruselas, cebolla, espárrago... “Todo eso. Nos falta mucho para ponerle su tarifa”. Por ahora “estamos buscando información las empresas y las exportaciones, de cuál es el precio que paga el mercado, para negociar con base en eso”. Los jornaleros pioneros del movimiento, como Fidel, quieren capitalizar todo el trabajo de difusión que hicieron previo al paro, con dos años de recorrer colonias y de platicar con las familias.

A diferencia del acuerdo de 14 de mayo, cuando hubo una representación empresarial en las negociaciones, del Consejo Agrícola de Baja California (CABC), que luego desconoció los acuerdos, el 4 de junio la participación patronal fue más amplia, de cuatro representantes, incluido el vocero de CABC, Marco Antonio Estudillo.

Y empresarios entrevistados, Daniel Magaña y Alberto Leree, que se autocalifican de pequeña escala, comentan que hay un consenso patronal para asumir los acuerdos. “Lo que decimos los agricultores es que vamos a pagar por lo menos 150. Hay algunos que van a pagar más, que tienen esa capacidad”. La minuta establece tres categorías de salarios 150 pesos diarios, para los empresarios de menor capacidad, 165 para los medianos y 180 para los grandes, montos libres de impuestos y de pago de la seguridad social. Fidel señala que algo bueno es que se ha especificado que la jornada diaria debe ser de ocho horas, no más.

Hay cierto escepticismo empresarial. “Aquí había salarios desde los cien pesos y la mayoría de 130 pesos y dijimos ‘bueno, vamos a subir 15 por ciento de la base de 130 pesos’. Pero quien estaba pagando cien, de pronto debe incrementar 50 por ciento, lo que arriesga la viabilidad de su empresa. A esa persona la sacrificamos. Me habló un agricultor y me dijo: ‘Alberto, hicimos el esfuerzo de pagar 150, pero tengo dos semanas que no llevo dinero a mi casa’”, señala Leree.

Daniel Magaña, quien es presidente de la Unión de Productores Rurales Organizados de Baja California, afirma que la situación general de los productores, unos 200 en todo el Valle, no es de bonanza. “Desde que Salinas modificó el artículo 27 constitucional, la banca se retiró; luego vino la crisis financiera de 1995 y entre 11 y 17 empresas pequeñas y medianas quebraron. Algunas como Los Canelos de Sinaloa (famosa por ser grande y poderosa), se retiraron de SQ. La agricultura se ha orientado a horticultura y berries de exportación porque capitales extranjeros –como Driscoll’s financian la producción, facilitan los insumos para producir”.

Comenta sobre otro punto crítico en las demandas jornaleras: la seguridad social. “No se cubre al cien por ciento, no porque no queramos, es porque no nos alcanza. No tenemos precios establecidos. Ahorita estamos produciendo pepinos y no valen, el mercado está muy fluctuante”.

El hecho es que, según se pudo constatar con entrevistas con jornaleras y jornaleros, y según confirman los empresarios entrevistados, ocurre que los trabajadores tienen modalidades múltiples de contratación –por día, por tarea, por destajo, para labores de cosecha diferenciadas por cultivo, para empaque, y también por tanto con horarios diferenciados (aunque predominan, según se observa, las jornadas de 6 am a 5 pm con media hora o 15 minutos para comer, y seis días a la semana)- y también se mueven en muchos casos con facilidad de una empresa a otra dependiendo las temporadas y las tarifas por cultivo, si bien es cierto que, sobre todo en empresas pequeñas, familiares, con trato directo con los patrones, hay mayor permanencia.

Así, con toda esa diversidad, y con base en las definiciones legales para los trabajadores del campo, el tipo de afiliación al Seguro Social que tienen es temporal. Puede durar cinco días o una semana o etcétera, y luego se reactiva, o debería reactivarse, cuando el trabajador llega a otra empresa. Esta modalidad del Seguro Social limita las posibilidades de pensión. Y también, cuando las personas acuden a alguna instalación del Seguro deben llevar su comprobante de afiliación. “¿Cómo puedo hacer eso si me enfermo a las diez de la noche? No voy a ir a despertar a mi patrón para que me dé el ‘pase’”, comenta una jornalera.

Según comentan los empresarios, esta última preocupación se subsanará por medio de la credencialización a todos los trabajadores. La credencial les servirá independientemente de que se muevan de una empresa a otra. Para jornaleros y defensores de derechos humanos de SQ el rubro de Seguridad Social debería tender en las negociaciones hacia un aseguramiento pleno de los trabajadores, que les permita gozar de todos los servicios del Seguro y alcanzar pensiones para su vejez.

Aunque las negociaciones están encaminadas –y según Fidel Sánchez van para largo, pues hay muchas deudas sociales y empresariales con los jornaleros-, las desconfianzas están a flor de piel. Según Leree y Magaña, hay intereses económicos (de empresarios estadounidenses que quieren arrebatar el mercado de los productos de SQ y quieren destronar a Driscoll’s) y políticos (contra el gobernador panista, Francisco Kiko de la Vega) que quieren aprovecharse del movimiento jornalero e incluso lo manipulan.

Cabe decir que en SQ es de todos conocido que Kiko de la Vega es muy complaciente con los empresarios, y que “tiene intereses en el Rancho Los Pinos”, el más grande del Valle, según comenta Fidel Sánchez.

La visión de Fidel Sánchez es totalmente opuesta a la empresarial. Considera que más allá de los logros que surjan de las negociaciones, y que en éstas haya ciertas cosas que deben corregirse o definirse con claridad –como es el caso del “salario integrado”- “este movimiento ha servido para que los jornaleros nos pongamos de pie. Demostramos en el país y en el mundo entero qué importante es la mano de obra de los jornaleros y de otros como las trabajadoras domésticas. Somos muy importantes en la vida económica del estado y del país, tan es así que el primer día del paro laboral el gobernador De la Vega hizo una declaración sobre la pérdida de 30 millones de dólares en ese momento (por las pérdidas por la suspensión en la pizca de la fresa).

“Ganamos también porque logramos quitar del camino a los tres sindicatos de la región (los corporativos priistas) y porque hemos dejado claro que los jornaleros sí pueden y tienen el derecho y facultad de firmar convenios laborales individuales y de grupo, sin necesidad de ese tipo de corporaciones. Nos pusimos de pie y no volveremos a estar de rodillas”. Una aspiración de la Alianza es avanzar en conformar su sindicato formalmente.

Además de haber sido en los ochenta líder en San Quintín de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Fidel Sánchez estuvo trabajando más de ocho años en los campos de Estados Unidos (en el estado de Washington, en Florida, California, Oregon, Tenessi, Georgia y Virginia) y regresó a México en 2008, para reencontrarse con su esposa e hijos (seis actualmente) y para convivir con sus padres, oaxaqueños y también residentes en San Quintín. En Washington participó con la Unión de jornaleros César Chávez. En Florida, “fui a la comunidad de Imokalee y había un movimiento, huelgas de hambre, empiezo a leer y veo que la lucha es por el aumento del pago por cubeta de tomate pizcado. Y yo digo ese movimiento es mío. Me involucré en el movimiento, tengo mi credencial, y participé, con apoyo de traductores, en negociaciones con agricultores, con proveedores de agroquímicos y con Taco Bell, la cadena más grande de comida rápida en ese entonces”.

Para Fidel Sánchez establecer en las negociaciones del VSQ tarifas para las labores del campo es algo fundamental. Y el parámetro debe ser el pago a jornaleros en Estados Unidos. “Es cierto, son dos economías distintas, separadas por las fronteras, pero el trabajo es el mismo. Allá pagan mejor y en dólares; en el chícharo acá no nos pagan ni un dólar por libra. En la fresa un comprador, que nos pidió no revelar su nombre por razones de seguridad, nos dijo que compraba la fruta mexicana a 18 dólares la caja en 2014 y este año pagó entre 28 y 30 dólares, y a los jornaleros nos pagan la cosecha apenas a 10 u 11 pesos por caja. Estamos a seis horas de distancia (respecto de campos en California) y hay estos contrastes tan grandes”.

Modernidad y rezago*

Lourdes Rudiño y Guadalupe Casimiro Sierra

Colonia Santa María de Los Pinos. Lodo y oscuridad FOTO: Lourdes Rudiño

La frase de que el Valle de San Quintín es expresión de contrastes y desigualdades encaja exacta cuando uno observa el Rancho Los Pinos, el más grande “y de los más explotadores” del Valle, según afirman jornaleros.

Instalada en la Delegación San Quintín, una extensión muy amplia de invernaderos de jitomate y pepinos (visible fácilmente en Google maps) hace vecindad con el Campamento El Vergel, donde viven tres mil 500 trabajadores y a quienes se les restringe el suministro de energía eléctrica durante las horas del día y en parte de la noche y se les limita las visitas. Hay alambrado que impide el paso a uno y al otro lugar. Además  –en  el marco del ambiente tenso que ha generado la rebeldía de jornaleros- el alambrado fue colocado también desde hace unas semanas a lo largo de metros y metros de la zona aledaña, aislando a la colonia Santa María de Los Pinos que está a un lado y que no pertenece a Los Pinos.

“Fueron los dueños del rancho –Antonio Rodríguez y hermanos- los que mandaron poner el alambrado, aunque estas áreas no son de ellos y sin que el gobierno haga nada. Nos tienen como gallinas; ahora para llevar a los niños a la primaria hay que caminar media hora (rodeando El Vergel), y antes podíamos llegar al mar en 15 minutos, ahora necesitamos 45”, dice Martha, quien vive en la colonia Santa María de Los Pinos, la cual suma más de diez años de existencia pero sólo una mitad de sus viviendas cuenta con energía eléctrica y en la otra se deben alumbrar con velas, como en el siglo antepasado.

Los dueños del Rancho Los Pinos no son cualquier gente. Fundado en los años 50’s por Luis Rodríguez Aviña, hoy está manos de más de una decena de sus descendientes; la figura más visible es Arturo Rodríguez Hernández, cuya esposa María del Carmen Íñiguez es regidora panista. Otros familiares ocupan espacios en la política, en estructuras del PAN y PRI. Arturo Rodríguez fue secretario estatal de Fomento Agropecuario en el pasado gobierno de José Guadalupe Osuna Millán (2007-13), y siendo amigo personal de Felipe Calderón, obtuvo subsidios públicos de fondos agropecuarios para impulsar la empresa. En ese tiempo también Los Pinos adquirió dos hoteles que administraba el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para ampliar su zona de invernaderos, la mencionada arriba, y de la cual todas las noches salen decenas de tráilers en dirección al norte para cruzar y colocar su mercancía en territorio estadounidense. Ya por la tarde, si uno transita la carretera Transpeninsular puede observar el paso constante de esos vehículos ya de regreso.

Política, injusticia y pobreza, de la mano FOTO: Lourdes Rudiño

De hecho Los Pinos comenzó a crecer durante el sexenio de Carlos Salinas y los Rodríguez han sido amigos de todos los presidentes posteriores, a tal grado que todos, incluido Enrique Peña Nieto, han visitado el rancho, han compartido en fiestas y han pernoctado allí. Por supuesto no han puesto pie en Santa María de Los Pinos, donde la oscuridad absoluta dentro y fuera de la mitad de las viviendas, la falta de pavimento y los derrames accidentales de agua hacen que uno termine con los zapatos enlodados.

La historia de Santa María de Los Pinos es peculiar. Esta colonia surgió como una donación hecha por Los Pinos, que recayó primero en el gobierno estatal y luego se reorientó hacia los jornaleros. Cuando ocurrió la donación hace más de una década, Fonhapo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) recibieron financiamiento para la construcción de viviendas, luego se fueron incorporando servicios, pero Los Pinos impuso una regla: que sólo vivirían allí trabajadores del rancho. Ello, aun cuando la empresa no les daba basificación a éstos ni otras garantías laborales. Entonces los habitantes de la colonia decidieron defender su autonomía y el derecho a trabajar donde mejor les conviniera (como lo plantea la Constitución) y se les liberó del condicionamiento empresarial.

Los habitantes de esta colonia y del Campamento El Vergel enfrentan un ambiente plagado de agrotóxicos que se emanan desde los invernaderos. La colonia ha crecido y demanda cada vez más electrificación y agua potable.

Martha, oaxaqueña que no rebasa los 35 años de edad y tiene cinco años, vive con ellos y con su esposo, nacido en San Quintín pero descendiente de oaxaqueños. Habitan una vivienda de dos cuartos; en uno de ellos hay una colchón matrimonial a ras de piso donde en el momento de platicar con nosotros duerme una bebé, y hay también una mesa donde, auxiliados con velas, los otros niños y niñas consumen un refresco familiar y miran sus cuadernos de escuela. Lo que hay en el otro cuarto no se ve, la oscuridad predomina. Cubetas volteadas hacen la función de sillas; es una cortesía para los reporteros.

Manos jornaleras; Alejandro, María y su pequeña hija FOTO: Lourdes Rudiño

Una familiar de Martha, Josefina, oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca, que salió con tres hijos, sin marido y sin dinero de su pueblo hace 20 años para hacer primero recorridos migrantes en diversos puntos del noroeste de México y luego se asentó en San Quintín, muestra sus manos manchadas y rasposas; dice que desde hace cuatro años dejó de trabajar porque tiene comezón constante en las manos. Tuvo Seguro Social temporal (para jornaleros agrícolas) pero lo perdió cuando se enfermó; nunca le dieron tratamiento para su mal y no la incapacitaron ni la pensionaron. Hoy recibe apoyo de su hijo que es tractorista en Los Pinos y de su nuera que trabaja allí como “apuntadora” (toma nota de las tareas que realizan los jornaleros y hace las cuentas de cuánto se les pagará).

“Se me pusieron así las manos a causa de la ‘goma’ del jitomate (agroquímicos), del polvito que suelta y que también me provocaba dolor de cabeza. Antes trabajé en campos de Sinaloa, con calabaza y no me pasó esto”, dice Josefina, quien ronda el medio siglo de edad y fue beneficiaria hace poco de una de varias tablas de triplay que regaló a la comunidad una asociación cristiana High Mission, con matriz en California, que apoya a los jornaleros con donaciones, lecturas de la Biblia, despensas y charlas,. “La tabla es mi cama, antes dormía en cartones”, dice Josefina. “Le preguntamos: ¿le puso colchón?” “No, dijo, así nomás me tapo con la cobija”.

Un tráiler del Rancho Los Pinos transitando entre Ensenada y el Valle de San Quintín FOTO: Lourdes Rudiño

Alejandro, de 20 años, y María, de 26, son pareja; los dos llegaron de Guerrero y viven en un cuarterío (construcciones rectangulares con cuartos de 3X3 metros que comparten servicios sanitarios y que pueden observarse en diversas colonias del Valle de San Quintín). Ellos viven en Santa María de los Pinos, en un área que no cuenta con electricidad, pero que la “compran” vía extensiones eléctricas a una estética que está enfrente y que sí tiene electricidad. Tienen una niña de tres años y un bebé de meses (cuya cuna es hechiza y pende de una argolla puesta en el techo del cuarto). Ellos vivían antes en El Vergel, pero su bebé nació prematuro y María decidió prolongar más allá de tres meses su periodo de descanso laboral. “Uno de los encargados (de El Vergel) me dijo ‘si no trabajas, ya sabes lo que tienes que hacer’, y decidimos salirnos. No puedes tener casa allá si no trabajas”. Alejandro es regador, dice que por ahora él está bien, pues su trabajo le gusta, “ando todo el día en bicicleta”. Trabaja de 6 am a 5 pm de lunes a domingo, pues no se puede dejar de regar un solo día y gana 244 pesos diarios, dice.

Claroscuros, contrastes, desigualdad, falta de equidad e injusticia. Eso es lo que hay en y alrededor del Rancho Los Pinos.

*Los nombres de los entrevistados fueron cambiados para proteger su identidad.

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