San Quintín

Los motivos de la rebeldía

Lourdes Rudiño y Guadalupe Casimiro Sierra

Una de las calles de la Colonia 13 de marzo, considerada modelo porque ha progresado. Allí habitan ex jornaleros que ahora se dedican al comercio o los servicios FOTO: Lourdes Rudiño

San Quintín, Ensenada, junio de 2015.- Las particularidades del Valle de San Quintín (VSQ), en Baja California –con una ubicación muy lejana de los centros expulsores de mano de obra campesina; su relativamente reciente desarrollo en una agricultura de exportación diversificada, y su geografía alargada, que delinea hoy día un pueblo jornalero pobre y paupérrimo e indígena multilingüe y multicultural asentado como ningún otro en línea (a lo largo de 137 kilómetros de la Carretera Transpeninsular)- tienen mucho, pero mucho qué ver con el reciente “alzamiento” de trabajadores del campo, que está en la mira nacional e internacional.

Este Valle cubre 70 por ciento del territorio de Ensenada, el municipio más grande de todo México, y cuenta con una población de casi 95 mil habitantes (86 por ciento de ellos inmigrantes, de 52 etnias con predominio de oaxaqueños, pero también guerrerenses, veracruzanos, chiapanecos…).

El lugar ha sido desde los años 70’s del siglo XX un polo de atracción de jornaleros  migrantes, que en un principio llegaban “enganchados” y trasladados por agentes de los agricultores y tenían una permanencia temporal –se movían de allí a los campos de Sinaloa y Sonora, e incluso de California, regresaban a sus pueblos de origen y después de nuevo arribaban a San Quintín-. Con el tiempo, muchos de estos trabajadores establecieron su residencia permanente en el VSQ y ya se observan familias con tres generaciones: abuelo jornalero, padre jornalero e hijos jornaleros.

Esto es, por sus circunstancias geográficas –que implican un viaje de 60 horas cuando menos con transbordos en diversos autobuses, cuando se llega desde la ciudad de Oaxaca, según comenta Gisela Espinosa Damián, académica experta en el tema-, los jornaleros se han estacionado en el VSQ, acumulando años, décadas de pobreza.

Han sido años de mucho trabajo barato; de aislamiento por la conformación alargada del pueblo con la Carretera Transpeninsular como avenida principal y por la escasez de transporte público (los pocos e impredecibles taxis llegan a cobrar hasta 300 pesos por trayectos dentro de una misma Delegación); de injusticias de todo tipo, y de algo que cualquier foráneo observa de inmediato: un escandaloso abandono por parte del Estado. Dos ejemplos: en todo el Valle la casi totalidad de las colonias carece de pavimento y buena parte de alumbrado público, y no hay más que una clínica del Seguro Social (en la Delegación Vicente Guerrero) y cuando se requiere una cirugía mayor, hay que trasladar al paciente a la ciudad capital Ensenada, a 200 kilómetros de distancia o a Tijuana, aún más lejos. En este trayecto han ocurrido muchas muertes.

“(Los jornaleros) llegamos al hartazgo porque nadie se ha preocupado por nosotros; siempre hemos salido a votar y hemos depositado nuestras esperanzas en que algún día en verdad pudiera llegar la solución al problema… Pero no llegó. En 20 años seguimos igual, con la misma pobreza y con los mismos salarios. Basta”, dice Fidel Sánchez Gabriel, oriundo del pueblo mixteco de San Juan Ixtepec uno de los 13 voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social –como se ha autodenominado el nuevo sindicato de facto de los jornaleros sanquintinenses”.

Fidel, cuyo padre trabajó como jornalero, anda en sus 40’s y vive con su esposa y seis hijos, el mayor de 20 años es jornalero también. A la edad de 18, en 1988, fue dirigente local de la Central Independiente de la Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y por medio de una lucha social que duró un año, su agrupación logró que el entonces gobernador de Baja California, Xicoténcatl Leyva, expropiara un terreno en que hoy se asienta la colonia que habita junto con 380 familias trabajadoras, la Maclovio Rojas (nombre de un jornalero muerto en esa lucha).

La pobreza que menciona Fidel Sánchez tiene que ver con la infraestructura habitacional del Valle de San Quintín, con el proceso demográfico, con la evolución de la agricultura empresarial, con los salarios y las condiciones laborales y con los gastos en que incurren los trabajadores para ir viviendo día a día. También por supuesto con los rezagos en educación y servicios públicos.

Explica Juan Malagamba, delegado en Baja California de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI):

“Hasta hace 30 años, la modalidad que seguían los agricultores era el ‘enganchamiento’; esto llevaba a que cada empresa tuviera una determinada cantidad de campamentos o albergues donde los jornaleros permanecían la temporada, dependiendo el cultivo para el cual fueran contratados. En la medida que se tecnificaron los cultivos y en que el mercado requería de nuevos productos y de su diversificación, se modificaron los ciclos productivos y los del mercado de trabajo.

“La región en principio fue casi exclusivamente papera y luego tomatera, y después se fue incorporando el pepino, el brócoli, la calabaza, y ahora uno entre los más importantes están los berries. Esto demandó que la presencia de la mano de obra fuera más permanente. Había ya en los campamentos gente con más de cinco años permaneciendo de manera directa con los agricultores, y en condiciones paupérrimas. Una de las situaciones que más se le señalaba a los agricultores en aquel entonces era la falta de inversión social en la calidad de la vivienda, en la calidad de los servicios. Y se fue generando una opción, la generación de asentamientos urbanos (o localidades, colonias y fraccionamientos) y hoy tenemos 166 en todo el Valle, en donde fundamentalmente viven jornaleros. Esto es algo que ha sido propiciado por las empresas mismas”, y hay una situación de hacinamiento en las viviendas de esas localidades e insuficiente inversión para mejorar sus condiciones.

“Se pone en jaque la capacidad d que tiene el gobierno para responder a toda esta demanda de servicios básicos”, señala Malagamba.

Guadalupe Casimiro, joven oaxaqueño de familia jornalera FOTO: Lourdes Rudiño

De acuerdo con datos de la CDI, en el VSQ, que implica cinco delegaciones (Punta Colonet, Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario) en 1989 se estimaba una población flotante de 25 mil a 30 mil jornaleros que se hospedaba en los campamentos. En 2003 había 19 campamentos con nueve mil 600 trabajadores. Ahora sólo hay tres campamentos, dos en Punta Colonet (Las Brisas y Bella Vista, el primero de SV SRL de CV y el segundo de Agrícola Colonet) y uno más que es El Vergel, del Rancho Los Pinos, en la Delegación San Quintín, este último, habitado por tres mil 500 jornaleros.

Los 166 asentamientos fueron en origen tierras ejidales o propiedad privada rural y se lotificaron. “Vividores se han dedicado a la compra de parcelas agrícolas no regularizadas. Arriba de 60 por ciento de los asentamientos son irregulares. Eso mete en un aprieto al gobierno porque no hay forma de bajar ningún servicio, se venden muy baratos, como predios ‘en greña’. También hay predios que son donados por particulares a trabajadores. Todo eso debe regularizarse”, señala Malagamba.

Silvia Rivera, presidenta de Pueblos Unidos Bajacalifornianos, AC, organización que integra sobre todo a triquis, señala que tal regularización va muy lenta. En la Delegación Vicente Guerrero (la segunda más importante en número de asentamientos, con 47; la primera es la Delegación San Quintín, con 77) hay sólo un ingeniero topógrafo haciendo el trabajo, y va muy lento. “En Camalú, en la colonia Benito Juárez, les llegó el cobro del predial retroactivo a diez años, pero el presidente municipal dice que no se puede seguir invirtiendo en servicios públicos en colonias irregulares”, comenta.

“Hay muchas colonias con falta de alumbrado público y los vándalos abusan de mujeres y niños y asaltan a los hombres. Eso genera un gran conflicto. En varias comunidades las comunidades organizadas van con el gobierno el turno y le piden el alumbrado, a cambio ofrecen votar por su partido. Así es como se ha logrado la energía en varias colonias”, dice Rivera.

En las casas hay hacinamiento. En el VSQ hay 29 mil 656 viviendas, con un promedio de 3.19 personas cada una. El 19.23 por ciento tienen una sola habitación y cinco por ciento piso de tierra. En la Delegación Vicente Guerrero –por cierto, donde el movimiento de jornaleros rebeldes tiene su principal fuerza- hay 8 mil 16 viviendas, de las cuales 27 por ciento tiene piso de tierra. Asimismo, mil 73 viviendas del VSQ, 3.6 por ciento del total, carecen de energía eléctrica, las velas son su luz, y tres mil 693 viviendas (con 12 por ciento de la población del Valle) carece de agua entubada. Todo, según datos de CDI. Pero hay que agregar que hay muchas viviendas con techos y/o paredes de cartón y plástico y carentes de mobiliario.

Un indicador más de la pobreza y el rezago: Ensenada tiene las mayores tasas de población de 12 a 14 años con primaria incompleta, con 25.8 y 28.8 por ciento en niñas y niños, respectivamente, y los menores porcentajes de niños de 12 a 14 años con educación posprimaria, con 43.2 y 46.1 por ciento, en el mismo orden, revela la información de CDI.

¿Qué urge al Valle de San Quintín? Única avenida pavimentada en la Delegación Vicente Guerrero; “La pavimentaron porque allí está la clínica 69”, dice Silvia Rivera. A un lado está también la comandancia de policía que fue apedreada el 17 de marzo, en enfrentamientos entre fuerza pública y jornaleros FOTO: Lourdes Rudiño “Necesita ya independizarse y ser municipio, Las comunidades están en medio de la nada; el Valle necesita tener su propia estructura, para que haya inversión pública, desarrollo social, un buen hospital. Así será menos gravosa la carga de todas las dificultades económicas que arrastra la población. El Valle produce mucha economía (por la agricultura de exportación), creemos que más que la ciudad de Ensenada y los recursos se van hacia allá; en el Valle cobran el predial sin dar beneficios a la población, y en la ciudad hay calles que las andan reencarpetando cada seis meses. Hay una lucha del Valle desde hace 15 años por lograr ser municipio y no ha podido. Ya se había aprobado hace como dos años, pero el entonces gobernador, José Guadalupe Osuna Millán (2007-13) interpuso una controversia constitucional y la ganó”. Silvia Rivera, presidenta de Pueblos Unidos Bajacalifornianos, AC

En mi tierra no hay cartón para hacer casas Casas con paredes y techos de lámina, cartón, troncos y demás materiales, que ponen en peligro la seguridad de las familias. Son muy comunes en el Valle de San Quintín FOTO: Lourdes Rudiño “Cuando Heladio Ramírez López fue gobernador de Oaxaca (1986-92) visitó el Valle de San Quintín en dos ocasiones. Yo trabajaba en el Rancho Los Pinos en ese tiempo. Esto que ocurre ahora (las movilizaciones) pasó entonces. El Valle era más extenso y éramos más de 400 agricultores. Había un lugar llamado Las Cebollas, que era un campamento con casas de cartón, donde se asentaban jornaleros que venían con el ánimo de cruzar a Estados Unidos y fracasaban. Xicoténcatl Leyva era el gobernador de Baja California; recorrimos instalaciones de los ranchos y terminamos en Las Cebollas. Allí había escuelas, maestros… Leyva le dijo a Ramírez: ‘A calzón quitado, ¿están mejor aquí o en tu tierra?’, refiriéndose a los jornaleros. La respuesta del oaxaqueño fue ‘En mi tierra no hay cartón para que hagan casas’. Replicó Leyva: ‘Entonces ¿por qué tanto hostigamiento para Baja California?’. ‘Así es la política’, dijo Ramírez”. Alberto Leree, agricultor del Valle de San Quintín

Un rosario de injusticias

Este aspecto es del Barrio Pobre, donde hay muchas casas armadas con tronco y plástico. Delegación San Quintín FOTO: Lourdes Rudiño

Silvia Rivera es una abogada joven que en parte tiene ascendencia triqui. Ella vivió su niñez y juventud en el Valle de San Quintín y trabajó en 2007-09 en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), hoy Comisión Estatal de Derechos Humanos. Actualmente preside la asociación civil Pueblos Unidos Bajacalifornianos, ha estado y está comprometida con las comunidades indígenas de este Valle y se indigna cuando hace un recuento de injusticias, más que recuento, todo un rosario interminable. Tratamos aquí de resumir algunos de sus relatos.

-Cuando trabajé en Derechos Humanos, llegaban los jornaleros a que les explicara el recibo de sus salarios. Me di cuenta que aunque la ley impedía trabajar más de tres horas extras y más de tres veces a la semana, ellos completaban unas 18 horas semanales y se las pagaban a 2.50 pesos cada una. Allí me di cuenta también de cómo funciona el “salario integrado” –concepto que se está manejando en las negociaciones actuales entre jornaleros, funcionarios y empresarios- que no me gusta. Cuando a final del año los jornaleros piden aguinaldo, en la empresa les dicen que ya lo recibieron repartido en sus pagos a lo largo del año. Y no hay mucho que legalmente se pueda hacer para defenderlos.

-Los jornaleros vienen muchas veces desplazados de sus propias tierras, los corren a punta de armas. Se viene la comunidad completa y se pone a salvo. En muchas ocasiones llegan aquí con lo que traen puesto, sin documentos. Participé en un programa de la PDH de derecho a la identidad (trámite de actas de nacimiento); hubo 2 mil solicitudes de jornaleros; un año después seguían pendientes mil 400, faltaba un documento de Oaxaca. Había evidencias de la existencia e identidad de la persona, por los registros de la escuela de sus hijos, por sus constancias de trabajo, por su lengua…. Pero en el Registro Civil pensaban que podían ser centroamericanos y el trámite se dificultaba. Sin el acta de nacimiento, no les dan acceso a la salud, no generan antigüedad en el trabajo. Vi el caso de un hombre de 75 años que tenía una enfermedad y a veces faltaba dos o tres semanas a su trabajo. No tenía acta de nacimiento, ni iba al Seguro Social y nunca guardó sus talones de pago para comprobar el tiempo que trabajó. No pude hacer nada para ayudarlo.

-La gente tiene una necesidad enorme de trabajar y piensa que no hay alternativa. En noviembre de 2008 me buscó un señor para que lo ayudara con un trámite. Hacía frío y traía huaraches y sus pantalones arremangados a la rodilla. Me saludó con sus manos rasposas y con callos. Traía una herida. Se la hizo en el campo de cebollas. Le dije “lávese”, pero me respondió que ya se la había taponeado con tierra. “Si hubiera caído una sola gota de sangre en las cebollas, me hubieran suspendido hasta que se me quitara la herida”.

-He redactado muchos escritos aludiendo convenciones internacionales, como la de derechos de los niños para demandar a los funcionarios públicos atención a los jornaleros o a sus hijos en materia de salud y educación. Fue el caso de una niña que no la querían recibir en la escuela por falta de acta de nacimiento. Su papá me decía “¿dónde la voy a dejar mientras voy al trabajo? Quiero que estudie para que no viva lo que ye he vivido”.

-Hay discriminación. Los médicos y enfermeros no son buenos con los jornaleros; con algunas excepciones, los tratan mal. El 9 de mayo, en medio de los enfrentamientos entre jornaleros y policías que hubo ese día, una adulta mayor resultó atropellada. En la clínica 69 de Seguro Popular de la Delegación Vicente Guerrero no la atendían por falta de personal y le decían al hijo “Sígnale, síganle haciendo manifestaciones y desorden”. Se perdieron 24 horas. La señora fue trasladada al hospital de Ensenada, duró tres días y falleció.

-Hay carencia de empleados en las instituciones públicas que hablen lenguas indígenas. Quienes no hablan español, deben ir al médico acompañados por un amigo o amiga que les ayude a traducir, y ese amigo pide pago para compensar su falta al campo de trabajo.

-Hay varios grupos que desde hace años estamos solicitando la construcción en el Valle de un hospital general que tenga rayos X, quirófano, ultrasonidos, tomografías, condiciones para atender accidentados. Es una violación a los derechos humanos que no haya un hospital así aún.

-Me tocó ver hace años filas de gente esperando en la madrugada para subir a los camiones que transportan a los jornaleros a los ranchos. Llega un camión y el encargado elige: “tu sí, tú sí, tú sí”. Sobrellenaban los autobuses, con tres personas en los asientos para dos y en el pasillo gente parada. Un señor pedía trabajo, “tengo varios días si trabajo”, estaba desesperado, insistía, pero no era de los elegidos. Cuando avanzó el autobús, se trepó como pudo, pero cayó, fue atropellado y murió. Ya no regresó a casa y sólo quería trabajo. Este tipo de situaciones, con autobuses accidentados, abusos, ocurrían mucho en la Delegación Camalú.

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