El titular de la Secretaría de Movilidad, Rufino H. León, anunció que las empresas Uber y Cabify serán reguladas para que proporcionen el servicio de transporte individual de pasajeros, pues no todo lo que está fuera de la ley es ilegal.

En el contexto del debate sobre tecnología digital y movilidad en la ciudad de México, el funcionario afirmó en entrevista que, bajo el principio de lo que no está prohibido, está permitido, vamos a vislumbrar cómo se regulan.

El compromiso (del gobierno) de la ciudad, adujo, es que haya piso parejo, paguen contribuciones, derechos y se sometan a algunos trámites, como la revista vehicular.

La administración capitalina, para regular esto, se basa en dos aspectos fundamentales: uno, que nadie pueda parar la modernidad de las ciudades, es decir, que nadie pueda estar en contra de todo aquello que busque digitalizar, y dos, ver de manera diferente la forma de trasladarse, señaló.

Además, en un video difundido al término de la primera ronda de intervenciones de los participantes, dijo que un segundo aspecto es que el gobierno debe privilegiar el interés de las mayorías, de los usuarios, por encima de intereses sectoriales, gremiales.

El secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, y la directora del Laboratorio de la Ciudad, Gabriela Gómez-Mont, expresaron también, en el video, la pertinencia de que las plataformas tecnológicas sean utilizadas en el transporte individual de pasajeros, en favor de los usuarios y la economía de la ciudad.

Adecuar normas a la realidad

Lo que tenemos que conciliar es la incorporación de un servicio público que ya viene prestado en el uso de la tecnología y plataformas que se han constituido como empresas que están prestando un servicio, si deben ser sujetas a una regulación pública, consideró el consejero jurídico, José Ramón Amieva.

En entrevista precisó que la diferencia no está en si algo es público o privado, sino poder adecuar las normas a una realidad en la prestación del servicio y acompañar jurídicamente la determinación del gobierno de la ciudad.

En el debate, que empezó 25 minutos después de la hora programada y tuvo interrupciones en su transmisión, Paola Sofía Vázquez, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señaló que el servicio que proporcionan Uber y Cabify es ilegal, lo cual no significa que deban irse, pues la Ley de Movilidad no es un tótem y es factible de mejorarse.

Manuel Molano, del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo que se requiere una regulación que fomente la competencia, pues no es útil ni constitucional impedir la prestación del servicio; en tanto, Emilio Saldaña, experto en movilidad, planteó que la tecnología se use con visión social.

Rubén Alcántara, de la alianza de sitios y bases, aclaró que “no se trata de uberizar al sector, sino atacar lo ilegal. Hoy el taxi deja anualmente 250 millones de pesos al erario por trámites, y si se dejaran de hacer, muchos servicios colapsarían”.

Debate disfrazado

La intención de las autoridades es regular estos servicios ilegales, que no son sancionados, con el argumento del secretario de Movilidad de que no recae en un servicio público porque existe un contrato electrónico con los usuarios, comentó Ignacio Rodríguez, de Taxistas Organizados.

Felipe de la Cruz, de Taxistas y Líderes contra la Ilegalidad, lamentó que se acudiera a un debate disfrazado, cuando estamos dispuestos a la competencia, pero en un marco de legalidad.

Ana Paula Blanco y Ricardo Weder, representates de Uber y Cabify, rechazaron, por separado, ser ilegales, pues estamos legalmente constituidos, nuestros operadores pagan impuestos, contamos con póliza de seguro y somos seguros.

Los mensajes emitidos por Twitter fueron en su mayoría por la regulación de este servicio, como el de la directora general de Transporte, Verónica Pinto, y hasta se desarrolló el hashtag #Ubersequeda; aunque hubo también quienes criticaron al gobierno por plantear su regulación.