Diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Fundar, solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación del ataque a más de un centenar de migrantes centroamericanos en el desierto de Sonora, el pasado 2 de junio, y que dejó un saldo de cuando menos tres muertos.

Además, denunciaron la falta de información brindada por el Instituto Nacional de Migración (INM) a 13 de los centroamericanos sobrevivientes con quienes pudieron entrevistarse, ya que nunca se les notificó sobre su derecho de recibir una tarjeta de regularización migratoria y poder permanecer en México por razones humanitarias para recibir atención médica y emocional, por ser víctimas de un delito grave en México.

En una declaración pública, las organizaciones solicitaron también la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues también descubrieron que a los migrantes rescatados tampoco se les explicó la diferencia entre una deportación y un retorno asistido, como tampoco se les ha facilitado mantener comunicación con sus familiares.

Incluso denunciaron que las autoridades pidieron a los migrantes firmar documentos donde renuncian a la posibilidad de solicitar una estancia regularizada y aceptan que sean deportados.

Por si esto fuera poco, en la declaración pública las organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos expresan también una preocupación por la falta de información sobre el procedimiento que se está llevando a cabo para la identificación de los cuerpos, siendo esta una pieza clave en la investigación. Y a pesar de que se ha solicitado la determinación de identificación de los restos a través de la Comisión Forense –mecanismo que opera la PGR en colaboración con organizaciones de la sociedad civil–, hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

El pasado 2 de junio un grupo de entre 110 y 120 migrantes centroamericanos fue atacados por dos hombres vestidos con ropa tipo militar que portaban armas largas, en el desierto de Sonora. Dos días después, la Procuraduría General de Justicia de la entidad informó haber rescatado a los migrantes y que encontró tres cuerpos sin vida, así como calcinadas dos de las cuatro camionetas en los que viajaban, en el municipio Altar, en la frontera con Estados Unidos.

Sin embargo, a casi dos semanas de los hechos, no hay información. Pero también se desconoce el posible paradero de las otras personas que viajaban en el grupo y no fueron rescatadas, incluyendo posiblemente a varias mujeres y un niño, ya que las condiciones del desierto en esa zona son muy extremas.