Juchitán, Oax.

Integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) en el Istmo de Tehuantepec marcharon en la comunidad Las Palmas, municipio de Niltepec, Oaxaca, para exigir la liberación de los 25 presos políticos que se manifestaron durante los comicios del 7 de junio como parte del boicot electoral y están recluidos en penales de Nayarit y Veracruz sin traductor, “lo que violenta sus garantías individuales y derechos humanos.

Hemos acordado, como FPR del Istmo de Tehuantepec, que se suspenda todo diálogo con el gobierno de Oaxaca hasta que liberen a nuestros hermanos. Existen conflictos agrarios latentes, como el de Las Palmas con San Francisco del Mar, donde dicen que invadimos, cuando ese terreno es nuestro, y ahora una resolución pide que lo entreguemos, indicó Elliot Escobar, dirigente de la organización en esa zona.

Dijo que es necesario que las autoridades estatales y federales respondan a la demanda de liberar a sus 25 compañeros, quienes lo único que hicieron fue hacer valer su libertad de expresión al manifestar que las elecciones del 7 de junio fueron las más sucias, pero no para causar conflicto alguno con las autoridades. Por fortuna, defensores de derechos humanos se han unido a nuestra causa, apuntó.

En un comunicado, el abogado de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas AC solicitaron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas atender este caso, porque no es posible que se prive de la libertad a 25 jóvenes de forma arbitraria.

Señalaron que los días 7 y 8 de junio presentaron tres demandas de amparo en favor de los 25 detenidos –número 790/2015, en el juzgado segundo de distrito, y 809/2015 y 810/2015, en el juzgado tercero de distrito–, en los que se concedió la suspensión para que no fueran trasladados a otros centros penitenciarios.

A pesar de contar con la suspensión, la delegada de la Procuraduría General de la República en Oaxaca ordenó el traslado de los presos a los centros federales de Readaptación Social 4, de Tepic, Nayarit, y al 5, de Villa Aldama, Veracruz, acusados de terrorismo y portación de bombas molotov, manifestaron.

Solicitaron que el Estado asuma su responsabilidad y respete los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado en materia de derechos humanos. Nuestra exigencia es la inmediata libertad de los 25 jóvenes, por tratarse de una detención violatoria de los derechos humanos y de la propia Constitución, concluyeron.