México asume el combate al trabajo infantil como una política de Estado permanente, pero el camino hacia su erradicación absoluta es largo y difícil, ya que hay 2.5 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que laboran en lugar de estudiar, sostuvo el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.

Por separado y también en el contexto del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a los tres órdenes de gobierno, así como a la sociedad en general, a unir esfuerzos para erradicar la explotación de menores e impulsar medidas para promover el progreso económico e impulsar el acceso efectivo y universal a la educación.

En un videomensaje que envió desde Ginebra y que fue difundido durante la entrega de reconocimientos a 94 empresas, sindicatos, organizaciones sociales y dependencias gubernamentales que cumplieron con el programa Un México sin trabajo infantil, Navarrete Prida insistió en que el gobierno federal cuenta con una legislación específica y acciones contundentes para combatir ese flagelo.

Informó que entregó personalmente en Ginebra, sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –donde participa en la conferencia anual del organismo– el documento con el que México ratificó el Convenio 138, que eleva de 14 a 15 años la edad permitida para trabajar.

En su discurso, señaló que se ha logrado que de 2013 a la fecha, más de medio millón de menores dejen de trabajar y continúen con sus estudios, en un esfuerzo del gobierno federal en colaboración con los sectores productivos, los gobiernos estatales, la academia y la sociedad.

Hizo notar que lamentablemente el mapa de la explotación infantil en México como en el mundo, coincide con el mapa de la pobreza y la desigualdad.

Navarrete Prida insistió en que hay un andamiaje jurídico nuevo, resultado de la reforma laboral, leyes secundarias y de la ratificación de siete de ocho convenios considerados como fundamentales por la OIT.

Asimismo, sostuvo que el esfuerzo del gobierno mexicano parte de que el trabajo infantil vulnera los derechos fundamentales de los menores, entre ellos el de la educación, además de que las ocupaciones a temprana edad no resuelven, sino que agudizan la pobreza y las carencias familiares.

El titular de la STPS, dijo también que vencer esa batalla contra el trabajo infantil significa devolver a niños y adolescentes el derecho básico de vivir plenamente la infancia y la adolescencia , periodos fundamentales para el desarrollo individual y para lograr su inserción plena en la sociedad.

En el evento, realizado en la cancillería y encabezado por el subsecretario del Trabajo, Ignacio Rubí, se entregó el distintivo México sin trabajo infantil, a 50 empresas, 41 instituciones públicas del ámbito federal, estatal y municipal; seis organizaciones de la sociedad civil, y un sindicato, que son representativas de 31 entidades federativas del país que fueron acreedoras a ese reconocimiento por aplicar programas de cero tolerancia a la mano de obra de menores.

Causas estructurales

Por su parte, la CNDH advirtió que para erradicar la explotación laboral infantil se deben atender sus causas estructurales, toda vez que ese problema tiene sus raíces en la pobreza, la falta de trabajo decente para los adultos, la carencia de protección social y la incapacidad para asegurar la asistencia de los niños a la escuela hasta cumplir la edad mínima legal de admisión al empleo.

En un comunicado, consideró imperativo lograr la plena efectividad de los instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano a proteger a niñas, niños y adolescentes contra la explotación económica, tomando acciones que impidan su ocupación en cualquier actividad peligrosa o que interrumpa su educación, pueda provocar afectaciones a la salud, desarrollo físico, mental, espiritual o social.

La CNDH expresó además su beneplácito por la ratificación del Estado mexicano del Convenio 138 de la OIT sobre edad mínima para Trabajar. La decisión es sin duda positiva, ya que que contribuye al fortalecimiento de los derechos humanos de que son titulares niños y adolescentes en México”.