El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) apremió al Estado mexicano a emprender acciones para resguardar a niñas y niños de la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado, porque han resultado en la muerte de miles de menores, además de desplazamientos, migración, violaciones sexuales, feminicidios de niñas de menos de 10 años, así como en el incremento de desapariciones de niñas y mujeres adolescentes.

Después de analizar los exámenes periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México, en sesiones efectuadas los días 19 y 20 de mayo, el comité aprobó una serie de observaciones que han sido enviadas al gobierno de nuestro país. En el documento de 27 páginas, el organismo internacional expresa su opinión respecto de cada uno de los rubros examinados.

El comité está seriamente preocupado por el contexto de violencia armada, tráfico de drogas y la lucha contra el crimen organizado que ha resultado en numerosos asesinatos de niñas y niños, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, como el caso de Tlatlaya, contexto que continúa amenazando el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de niñas y niños.

También genera inquietud en el organismo el alto número de desapariciones de niñas y niños, especialmente de niñas mayores de 10 años; el hecho que el Estado no ha garantizado aún un acceso efectivo a la justicia para las familias de algunas víctimas menores de 18 años, ya sea por accidentes o por violencia, como son las víctimas del incendio en la guardería ABC en Sonora, o el asesinato del niño José Luis Tlehuatle, en Puebla, así como los reportes sobre un alto número de feminicidios de adultas y menores, la falta de información desagregada y la prevalente impunidad sobre este asunto.

Entre las múltiples recomendaciones que el grupo internacional de expertos hace al gobierno de nuestro país está la de aprobar de manera expedita la ley general sobre desapariciones forzadas y asegurar que éstas sean tipificadas en los ámbitos federal y estatal, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La legislación, enfatiza el comité, debe incluir medidas específicas para abordar las desapariciones de niñas y niños. Particularmente las de niñas, subraya.

También pide al Estado que adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones de niñas y niños, sus padres y madres. Entre dichas acciones deberá estar el análisis de las causas de raíz de estos actos violentos, como la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, desigualdad de género y pobreza.

Además, solicita que haya mecanismos amigables para niñas y niños e investigar las denuncias sobre muertes violentas, asesinatos y desapariciones, y que estos hechos sean investigados de manera expedita y exhaustiva, y que los responsables sean llevados ante la justicia, incluyendo los casos en los que los presuntos autores sean funcionarios públicos, como el caso de Tlatlaya, y que a las familias de niñas y niños víctimas se les provea apoyo sicosocial y que sean compensadas de manera adecuada.

Hace recomendaciones en ámbitos distintos al de la violencia en nuestro país, sin embargo, la inseguridad y sus consecuencias ameritaron más observaciones. Por ejemplo, el organismo también está preocupado por la falta de tipificación del reclutamiento de niñas y niños por grupos armados, como los grupos del crimen organizado, así como por la insuficiencia de las medidas adoptadas para prevenirlo y la falta de protección para estas víctimas.

A este respecto, el grupo de trabajo recomienda al gobierno mexicano que asegure que ninguna niña o niño sean reclutados por grupos armados y que revise la estrategia de combate al crimen organizado bajo una óptica que asegure la protección de los menores contra la violencia.