a medida temporal va para 14 años y de plano no tiene para cuándo. Se trata de los ingenios expropiados (obviamente por causa de utilidad pública y en favor de la nación) el 3 de septiembre de 2001 por el gobierno foxista, cuando los integrantes de aquel gabinetazo involucrados en la operación (entre ellos Javier Usabiaga, el rey del ajo, Luis Ernesto Derbez y Francisco Gil Díaz) prometieron sanear financieramente a la industria azucarera en menos de 18 meses y regresar las plantas productoras al capital privado en igual lapso.

Pues bien, 13 años, nueve meses y 10 días después, el gobierno federal (el del propio Fox, el de Calderón y el de Enrique Peña Nieto) no ha podido deshacerse de todos los ingenios azucareros expropiados (27 en total) en la fecha referida, y aunque pian pianito las plantas productoras han ido regresando al rebaño privado, la medida temporal se mantiene incólume.

En el cuento de nunca acabar, los 27 ingenios azucareros expropiados por el gobierno foxista (prácticamente la mitad de los existentes por aquellas fechas) fueron, a su vez, privatizados por los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, es decir, las mismas plantas que fueron expropiadas por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, quienes los recuperaron tras la privatización alemanista, y etcétera, etcétera. Todo, desde luego y siempre según el dicho gubernamental, para sanear la industria azucarera del país y reordenar el mercado interno. Las plantas expropiadas eran propiedad del Consorcio Azucarero Escorpión (de Enrique Molina Sobrino, quien amasó fortuna marca Forbes gracias a su amigo CSG, y huyó del país con la llegada de Zedillo), Grupo Azucarero Mexicano (Juan I. Gallardo Thurlow, el negociador privado para el TLC, contlapache del propio CSG), Grupo Machado y Grupo Santos (Alberto Santos de Hoyo, empresario regiomontano, ex senador priísta).

Aquel 3 de septiembre de 2001 tres tristes secretarios foxistas (Hacienda, Agricultura y Comercio) juraron que la medida temporal no le costaría prácticamente nada al erario. De mil a 3 mil millones de pesos, tal vez, según prometieron, luego de asumir la administración de los ingenios, una enorme bolsa de fierros viejos y deudas al por mayor. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación ubica en más de 20 mil millones el costo fiscal por tal expropiación en favor de la nación.

De hecho, la Auditoría Superior de la Federación lo resume así: el decreto expropiatorio (de Fox) fue una medida coyuntural; no se dirigió a la raíz de las causas de la sobreproducción y de déficit cíclicos, ni a los problemas de financiamiento y modernización; por el contrario, se retomó el círculo vicioso de rescatar, sanear y volver a privatizar, con lo que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. El gobierno tiene frente a sí la necesidad de enajenar los ingenios azucareros lo más pronto posible para evitar costos fiscales adicionales para la sociedad; en caso contrario, tendrá que constituir una empresa paraestatal para administrarlos, con lo que volvería a la época del Estado interventor en el sector azucarero. El Estado ha rescatado los ingenios, los ha vuelto a privatizar y los ha vuelto a rescatar, en un círculo vicioso que parece no tener solución; ha creado instituciones con objeto de ordenar la industria, las ha liquidado por su falta de efectividad y las ha vuelto a crear, para insistir en nuevas formas de operación que tampoco han sido efectivas; ha controlado los precios y los ha liberado.

Vieja es la historia azucarera del país: industriales riquísimos, empresas rescatadas un sexenio sí y el siguiente también, y trabajadores en la miseria. Pero todos los gobiernos que han expropiado y/o privatizado los ingenios lo han hecho por el bien de la nación.

¿Y cómo va la medida temporal?: ayer, cuatro de los nueve ingenios subastados este viernes fueron adjudicados a los grupos Impulsora Azucarera del Noroeste (Zucarmex) y Beta San Miguel (Bimbo) con dos unidades cada uno al ofertar un monto superior al mínimo establecido en las bases de licitación. En los otros cinco la convocatoria se declaró desierta, es decir, la temporalidad del rescate se mantiene viva. Los cinco ingenios que no se vendieron seguirán operando y producirán la zafra de la temporada, y en breve el gobierno analizará nuevas alternativas (La Jornada, Israel Rodríguez). La esperanza es que la brevedad no dure otros 14 años.

Las rebanadas del pastel

De los pobladores de la cuenca del Río Sonora: “damos respuesta al desplegado (inserción pagada) publicado el pasado 9 de junio en distintos medios nacionales, mediante el cual Grupo México difundió que los 23 mil afectados por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi (cuyo causante es el propio Grupo México) hemos seguido las instrucciones del líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, para realizar, afirma, ‘actos vandálicos’. ¡Qué desvergüenza! Dejen de insultarnos con sus provocaciones y mentiras. Sobre el particular debemos responder en primer término que ni conocemos ni hemos tenido comunicación con el dirigente sindical mencionado. A quien sí conocemos es a Grupo México, empresa que nos ha causado graves daños en nuestra salud y en el ambiente en el que vivimos con nuestras familias. Esa empresa, que se conduce irresponsablemente sin respetar la salud y las vidas de quienes aquí vivimos, debe ser objeto de una respuesta enérgica de la autoridad. Exigimos le revoquen su concesión y así deje de hacer daño como hasta ahora ha sucedido. Ahora resulta que quieren denunciarnos. ¿Qué no se dan cuenta que nosotros somos sus víctimas? Y no, no somos cobardes. El único cobarde es este tal Larrea que ha vivido escondido ante la vergüenza de ser y saberse un mercenario sin principios, que no ha pisado nunca nuestra tierra, por eso lo que menos le importa es derramar sustancias tóxicas en perjuicio de nuestros hijos y la salud de todos aquí. Sería bueno que cumpliera la amenaza que le hizo al señor Presidente y se llevara sus inversiones de México. Empresas como Grupo México que matan a sus mineros como pasó en Pasta de Conchos y en otras partes del mundo, sin cuidar la salud de las poblaciones en las que asienta sus negocios millonarios, no son bienvenidas. Aquí en Sonora no queremos a una empresa así. Lo que exigimos es que se vayan y se les quite su concesión para que sea explotada por alguien que no valore más el dinero que la vida de las personas. ¿Así o más claro señor Larrea?”

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