a increíble historia de una suspensión indefinida de la evaluación a los maestros, que un día se anuncia y al otro se renuncia, es la manifestación extrema de la fragilidad a que ha llegado una reforma que simple y sencillamente no logra avanzar ni consolidarse. Aunque con altibajos, su trayectoria, punteada siempre por la resistencia magisterial, es de titubeos y de un creciente deterioro de sus bases de apoyo. Todavía en 2008 la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) contaba con el apoyo pleno del gobierno, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Elba Esther Gordillo y, todavía en la penumbra, del sector empresarial. Era una reforma que incluía un abanico de temas, aunque un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya anunciaba la evaluación universal y el despido de maestros.

La respuesta magisterial comenzó a ser nacional: de Morelos, Baja California y hasta de Quintana Roo, además de las secciones del sur, surgieron propuestas de una reforma alternativa y se logró detener la iniciativa. Sin embargo, en 2010-2011, con la incipiente pero decidida presencia de Mexicanos Primero, la alianza se concentró en la evaluación e insistió en hacerla universal, aunque con poca fortuna, porque a la predecible oposición magisterial se sumó la incertidumbre y desbandada que produjo en el Congreso la proximidad del relevo presidencial. Finalmente, en 2012 apareció de nuevo la idea de que la reforma debía ser sobre todo una evaluación y hasta inscrita en la Constitución. Y viene cobijada ahora por la hasta entonces más fuerte alianza: los partidos más importantes, la Presidencia, los medios de comunicación, la OCDE y, además, Mexicanos Primero, que elabora el guión y etapas de la propuesta.

Es cierto que la movilización nacional magisterial de 2013 no pudo conseguir el objetivo de impedir la aprobación de la reforma, pero la puso en una especie de estado de suspensión y contribuyó significativamente a descarrilar la alianza que la sostenía. Porque a partir de fines de 2013 se volvió visible que el llamado Pacto por México estaba en una crisis de la que ya no habría de recuperarse, resultado del aura de apresuramiento, ilegitimidad y percepción de que un mero examen –por muy constitucional que fuera– ciertamente no podría resolver la complicada maraña de intereses y factores que tiene atada a la educación nacional. Gobernadores indecisos y las reiteradas movilizaciones magisteriales hicieron crecer la impaciencia del sector empresarial, que comenzó a acusar al gobierno de ineficaz y falto de determinación para imponer la ley. Esto llevó al enfrentamiento total que se dio en el pasado incidente de la suspensión del examen, cuando junto con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la fuerza empresarial doblegó de manera humillante al gobierno y le impuso la reinstalación.

Esos 11 días fueron claves para mostrar hasta qué grado la conducción de la educación, e incluso la decisión tan particular de aplicar un examen, políticamente habían dejado de ser competencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del gobierno. Ganó Mexicanos Primero, pero la reforma salió derrotada. Habrá tal vez muestras de amistad para la foto, pero el episodio fue canibalesco y deja huella. En consecuencia, hoy la reforma no tiene al SNTE (que ha dejado de existir políticamente hablando) ni al pacto ni una alianza sólida empresarios-SEP ni, por supuesto, algún acercamiento siquiera con los sectores más activos y movilizados del magisterio. En consecuencia, es una reforma huérfana y de la calle, que no trasmite la seriedad y solidez, claridad y determinación de un equipo, es decir, lo que cada vez más exige de las iniciativas gubernamentales el desilusionado pueblo de este país. La postura empresarial de obligar al uso de la fuerza del gas y los toletes y que sea el gobierno el que pague el costo político obviamente tampoco ayuda. El problema central, además, es que una reforma cuya implantación exige el silencio y la subordinación de los maestros, y que ni de lejos cumple con el requisito de inspirar y convocar a una profunda transformación, será siempre, y sólo, un conjunto de gestos burocráticos.

Después de lo que ha venido ocurriendo en estos casi 10 años de reforma y con la perspectiva clara de que las cosas no van a mejorar, es entonces hora de preguntarse si debe seguirse obligando al país a continuar cargando con el costo de la inestabilidad social que produce. Sobre todo si es ahora, más claramente que nunca, una reforma cuyo sólo impulsor y propietario es el sector empresarial. A más de un siglo de los esquemas decimonónicos de ejercicio elitista del poder, la alternativa urgente es abrir un espacio donde todos puedan sentirse incluidos y participar. Para que los maestros, estudiantes, padres de familia, gobierno y también regiones, comunidades y organizaciones (incluyendo las empresariales) puedan comenzar a tejer acuerdos básicos que planteen el rumbo de una reforma sólida, distinta y amplia. Si en el terreno de la educación se demuestra que hay posibilidad de encontrar una salida con base en la participación y acuerdos amplios, eso tendría repercusiones en todos los ámbitos conflictivos del país. Empezar con la educación nunca ha sido tan necesario como ahora.

Alto a la agresión contra maestros y jóvenes activistas en Guerrero, Puebla, Veracruz.

*Rector de la UACM