Durante el movimiento social en Oaxaca de 2006 y 2007 hubo cuando menos 500 casos de tortura y 26 ejecuciones de dirigentes y personas vinculadas al conflicto, según un informe preliminar de la Comisión de la Verdad de esa entidad, que investiga las violaciones a los derechos humanos y la posible comisión de delitos por servidores públicos del estado en ese periodo.

El abogado Cuauhtémoc Ruiz, asesor de dicha comisión, informó que aun cuando no existen investigaciones abiertas por esos hechos, sólo hay un consignado cuyo proceso todavía está en curso. Pero, además, todo indica que deliberadamente los expedientes en la agencia del Ministerio Público fueron abiertos e integrados con enormes deficiencias, para que no hubiera lugar a procesos penales. Hay gran impunidad, dijo.

En conferencia de prensa a la que asistió e intervino el sacerdote Alejandro Solalinde, presidente de dicha comisión aprobada desde 2013 por el Congreso de Oaxaca, se indicó que el informe final será presentado en marzo de 2016. Por el momento, anunciaron que el próximo domingo, en el teatro Macedonio Alcalá de la ciudad de Oaxaca, se llevará a cabo la sesión pública de dicha comisión.

Cuauhtémoc Ruiz informó que la comisión recibe y registra entre 80 y cien testimonios de personas que sufrieron de diferentes formas los hechos de ese conflicto social. Tenemos muchos testimonios significativos que indican la gravedad de las violaciones que se vivieron en ese momento, dijo Solalinde.

Además, agregó, aunque hay muchas personas que se han acercado a la comisión a dar fe y testimonio de lo vivido, hay muchas otras que todavía tienen temor.

Tanto el abogado Ruiz como el sacerdote Solalinde expresaron que hay un enorme cortina de impunidad alrededor de todos estos hechos, que representan violaciones de lesa humanidad.

Incluso, el religioso y presidente de la comisión señaló que el entonces gobernador priísta de Oaxaca Ulises Ruiz ha expresado que no tiene temor de que sea enjuiciado por los hechos investigados, pues él ya fue juzgado y declarado exento de cualquier responsabilidad.

Y es que sabe, agregó el religioso, que las conclusiones de la comisión serán entregadas al sistema judicial, donde priva una enorme corrupción e impunidad. Pero quedarán en evidencia las fallas graves del sistema. Nosotros haremos nuestro trabajo; tenemos una obligación moral de remover muchas cosas y eso haremos, señaló.

Durante la sesión pública del próximo domingo está programado que víctimas del conflicto 2006 y 2007 relaten sus experiencias, donde estarán presentes Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas; Arturo Peimbert, Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo Oaxaqueño, y la periodista Carmen Aristegui, quienes fungirán como testigos especiales.

Como parte de los trabajos previos a este acto inédito en México, además de llevar a cabo su programa de recuperación de testimonios, la comisión ha sostenido reuniones y talleres con víctimas, con el fin de seguir investigando cuáles fueron los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca entre el 14 de junio de 2006 y el 16 de julio de 2007, cuando se integró la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.