caban de concluir las elecciones. En ellas afloró inequívocamente la necesidad de integrar en la agenda pública el tema de la desigualdad política que sufren las mujeres en nuestro país. Tan sólo unos ejemplos: a Giselle Arellano, precandidata a diputada en Zacatecas, se le impidió contender en una elección bajo la imputación de haberse desempeñado como scort. A Eufrosina Cruz, en Oaxaca, le invalidaron los votos electorales obtenidos con base en usos y costumbres patriarcales debido a su condición de mujer indígena. Crystal Tovar, diputada local, fue discriminada tan sólo por su forma de vestir. En asuntos por demás extremos, recordemos el asesinato de Aidé Nava González, precandidata a una alcaldía en Guerrero.
En todos los casos, las mujeres son el blanco perfecto de una violencia de género que se extiende a la esfera pública, a la vista de la opinión pública, y que se agota al concederles derechos de segunda ciudadanía en el mejor de los casos, pero en otros, sus derechos políticos terminan siendo sometidos y acallada su participación por medios discriminatorios, por coacción sicológica, física y discursos tradicionales de dominación.
Ni qué decir de temas por todos conocidos: las Juanitas, candidatas que asumieron el cargo de diputadas para inmediatamente renunciar a su curul en favor de varones que, en su calidad de suplentes, se apropiaron del puesto; o recordemos la anulación de la elección en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al probarse que se limitó el acceso de las mujeres a la contienda electoral. Prácticas que con base en la reforma constitucional al artículo segundo están explícitamente proscritas.
Otro ejemplo tangible de este fenómeno se advierte en la proporción de mujeres que participan directamente en la toma de decisiones, pues no existe una representación real y efectiva, dado que no supera 20 por ciento del total de los cargos públicos en los tres poderes de la Unión ni en los tres niveles de gobierno, como tampoco es representativa la participación dentro de los partidos políticos. Incluso las mujeres con cargos públicos en el país apenas sumamos 17 por ciento, pues de 4 mil 456 puestos políticos y públicos de primer nivel, sólo 761 nos pertenecen. Aunado a que en la actualidad no contamos con ninguna gobernadora ni con jefa de Gobierno en la capital del país.
En el actual Poder Legislativo, 37.4 por ciento de las 500 curules en la Cámara de Diputados son ocupadas por mujeres, mientras en la Cámara de Senadores la representatividad femenina alcanza 34.6 por ciento de los 128 escaños. El Poder Judicial de la Federación tampoco ofrece un panorama diferente, pues de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo dos son mujeres, es decir, 18.1 por ciento.
Pero, ¿qué es la violencia política? En palabras simples consiste en el uso de cualquier tipo de fuerza contra los opositores por su ideología o intereses públicos. La violencia política es el último recurso de imposición de argumentos ante los desacuerdos y la falta de consenso. Dicha imposición es política y sistemáticamente antidemocrática. Cuando se ejerce contra la mujer tiene dos vertientes, el acoso y la intromisión en su vida privada entendido como todo acto cometido en su contra o de su familia, con el propósito de impedir su derecho a participar en la vida pública o en el cumplimiento de sus funciones mediante actos de presión a través de persecución, hostigamiento o amenazas.
En tanto que en la segunda vertiente, la violencia política se manifiesta con agresiones verbales, discursos discriminatorios de género, daño moral y desprestigio de las candidatas por su condición de mujer y por pertenecer, en muchos casos, a otros grupos vulnerables; y en ocasiones más graves, mediante el ataque físico-sexual, el abuso económico y el feminicidio perpetrados directamente contra las candidatas, sean electas, designadas o en ejercicio de la función político-administrativa, o en contra de su familia, para restringir el desarrollo de sus funciones o para persuadirlas u obligarlas a renunciar.
No obstante la persistencia en el ejercicio y abuso de la violencia, desde hace más de medio siglo seguimos enfrascados en una contienda para romper con estereotipos y resistencias. La violencia política busca anular a toda mujer que incursiona en un sistema que tradicionalmente ha pertenecido a los hombres y que desincentiva al género femenino de participar activamente en la vida política de México.
Para luchar contra este tipo de violencia y discriminación debemos neutralizar y revertir su origen, cuya raíz se encuentra anclada en la cultura política patriarcal, donde priva la idea de que la participación política es exclusiva para los varones; los roles sin igualdad de género, la formación cultural y la escolarizada que impulsa a los hombres y regresa a la mujer al plano doméstico, al núcleo familiar, pues incluso aquéllos se han arrogado el derecho de decidir sobre el futuro del feminismo; la clara disparidad e injusticia de los salarios a trabajos iguales realizados por ambos géneros; y no menos importante, en la disyuntiva que las obliga a elegir entre su carrera política o su familia, no obstante que debe prevalecer el concepto de igualdad de oportunidades para alternar entre la vida privada y la pública.
De lograr una verdadera representación de género en los cargos de elección popular, podríamos aprovechar las fortalezas de mujeres y hombres que añadan capacidades y esfuerzos en la composición de un Estado que garantice igualdad de oportunidades para nuestras próximas generaciones.
Es tiempo de dirigir la mirada hacia una justicia basada en el respeto de las libertades fundamentales de las mujeres, también del diseño de leyes y políticas públicas inclusivas, iniciando por la educación desde su doble perspectiva, pues no debemos olvidar que la discriminación comienza en los lugares públicos, en la escuela e incluso, en ocasiones, en la familia. Todavía queda mucho camino por recorrer, derribar mitos, romper con prejuicios, para abrir al sector femenino nuevas y mejores oportunidades ajenas a toda clase de restricciones.
* Magistrada federal y académica universitaria
