El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó a la Secretaría de Gobernación (SG) detallar con quién negoció –y eventualmente si hizo algún pago– el 9 de febrero pasado, dentro de las reuniones con la sección 22 (Oaxaca) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Ante la primera negativa de la dependencia a precisar la información de esa cita, con el argumento de que el documento era inexistente, el Inai dijo que tal excusa es inadmisible porque es necesario que la ciudadanía sepa cómo son atendidas las demandas, a qué se comprometen los gobiernos y, sobre todo, cuánto se gasta en ello en términos de recursos públicos.

Óscar Guerra Ford, ponente en el proyecto aprobado ayer, advirtió que negar la existencia del documento y declararse imposibilitado para detallar nombres es un asunto ‘‘absurdo, kafkiano’’.

Por el contrario –añadió–, la información y la transparencia son  de relevancia nacional porque contribuyen a que la ciudadanía minimice cualquier espacio de corrupción o de negociación ilegítima. ‘‘O sea, ¿no saben ellos con quién se sentaron a negociar? Es una cosa impresionante. Nos entregan las minutas en las que están todos los nombres y no están los nombres de otras personas (de la reunión del 9 de febrero)’’, dijo Guerra durante la sesión del Inai.

En cuanto a recursos, indicó que se deben saber detalles de los gastos derivados de este tipo de negociación. ‘‘A mí me tocó ver que muchas veces los marchistas o quienes se plantan, cuando acuden a restaurantes dan RFC de dependencias públicas para que les facturen, digamos, sus consumos, y éstos a veces son del gobierno de Oaxaca, a veces son de otras dependencias’’.

Al momento de votar, el comisionado señaló: ‘‘(La reforma educativa) es un asunto que ha paralizado al país en varias ocasiones. Es algo no resuelto que tiene que ver con uno de los grandes problemas que ya tuvimos, esto de que se suspende o no una Constitución’’.

Antes, en su exposición, el comisionado precisó que el solicitante de información le requirió a la Secretaría de Gobernación datos generados de la negociación de funcionarios de esa dependencia y la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como enviados del estado de Oaxaca, los días 8, 9, 10, 11 y 12 de febrero de este año. Subrayó que los argumentos de Gobernación son inadmisibles, puesto que incluso emitió un comunicado oficial de la reunión del 9 de febrero.

‘‘¿Yo puedo llegar y sentarme sin decir quién soy?’’

Concluyó: ‘‘No entiendo cómo no existen los nombres en sus archivos. Entonces, ¿yo puedo llegar, sentarme a negociar y pedir 3 mil 500 plazas sin decir quién soy?’’, preguntó. Dijo que finalmente sí habrá evaluación.

‘‘Ya pasaron las elecciones; entonces ahora sí puede haber la evaluación y luego vamos a ver si pueden. Así está el asunto: la Constitución se cumple dependiendo de las circunstancias’’.