Si el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) –negociado en secreto por 12 gobiernos de la región Asia Pacífico, entre ellos el de México– llegara a aprobarse en sus términos actuales, permitiría a las grandes empresas de fármacos interferir en las políticas de salud pública, según se desprende del borrador del anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica, proporcionado por Wikileaks a La Jornada en exclusiva para México, y que publican también cinco medios en América y Oceanía.

El anexo, fechado el 17 de diciembre de 2014, tiene la clara intención de servir a los intereses de la industria farmacéutica; incrementaría su influencia en los programas gubernamentales de subsidio en medicinas y de instrumentos médicos, y daría mayor capacidad de oponerse a las decisiones oficiales en la materia”, escribe Deborah Gleeson, académica en la Universidad La Trobe, en Australia.

Expertos como Jane Kelsey, profesora de derecho en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, opinan que las disposiciones mencionadas del ATP van dirigidas principalmente en contra de Nueva Zelanda y sus políticas de salud pública, específicamente a la Agencia de Gestión Farmacéutica (Pharmac) de ese país, institución modelo que podría ser adoptada por países en desarrollo, a decir de Kelsey. Pharmac decide qué medicinas y artículos relacionados son subsidiados para ser usados en hospitales públicos y comunitarios.

Merma la capacidad de adquirir medicinas a precios bajos

La especialista advierte que en su redacción actual, el ATP va a degradar seriamente la capacidad de Pharmac para ofrecer medicinas y aparatos médicos a precios asequibles, como ha hecho en las dos décadas pasadas; esto implicará menos fármacos subsidiados y más que deberán ser parcialmente pagados por los pacientes, o bien que se destinará más presupuesto de salud a adquirir medicinas en vez de a otras actividades”. Asimismo, indica que el anexo incorpora un proceso de revisión para que las farmacéuticas impugnen la decisión oficial de no incluir en sus programas productos o aparatos que deben ser rembolsados por el gobierno.

Gleeson, por su parte, señala que el texto en cuestión establecería un precedente para que acuerdos comerciales regionales puedan interferir con los sistemas de salud nacionales y podría reducir las opciones disponibles en países en desarrollo para poner en práctica programas de cobertura farmacéutica.

Consultado por La Jornada, Peter Maybarduk, director del Programa de Acceso Global a Medicamentos, de la organización Public Citizen, con sede en Washington, advirtió que no se ha visto que haya análisis de los gobiernos acerca de cómo (el contenido del anexo) afectará a los países en desarrollo. En el caso estadunidense, dijo, esta filtración revela que la administración de Barack Obama actúa bajo las órdenes de las empresas farmacéuticas para someter a Medicare (el programa de salud pública de Estados Unidos) a una serie de reglas de procedimiento, negociadas en secreto, que limitarían la capacidad del Congreso de promulgar reformas para abatir los costos de fármacos bajo prescripción, e incluso podría abrir la posibilidad de objetar aspectos de nuestro actual sistema de salud.

La lectura del borrador revela que los países participantes en la negociación –Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que en conjunto representan un tercio del comercio mundial– ya se han puesto de acuerdo en casi todo. El anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica fue una de las partes del ATP que generó mayores discusiones entre los negociadores y se quedó estancado varios años. Si bien la redacción parece estar prácticamente concluida, todavía no hay un acuerdo sobre qué programas de asistencia en la materia deberán estar incluidos en las obligaciones que establece el anexo.

Resolución de conflictos

El ATP señala que un tribunal supranacional se encargará de la resolución de conflictos entre empresas y gobiernos. Si bien en el anexo sobre transparencia se especifica que ese procedimiento de arreglo de disputas no aplicará para esta sección del tratado, Deborah Gleeson alerta que las empresas de todos modos tendrían acceso al mecanismo de arreglo de disputas y podrían demandar a las naciones por sus políticas farmacéuticas. De ahí que Jane Kelsey afirme: “El mayor riesgo es la obligación (de los gobiernos) de proveer ‘un trato justo y equitativo’, que podría ser interpretado por los inversionistas como una legítima expectativa de que las autoridades acaten sus exigencias a la hora de tomar decisiones en materia regulatoria y administrativa; podrían exigir muchos millones de dólares en compensaciones, incluyendo futuras ganancias esperadas”, si creyeran que el modelo neozelandés, o de cualquier otro futuro integrante del ATP, viola, en general, o en casos específicos, sus expectativas y afecta sus ganancias o el valor de su inversión”.

Antecedentes

El borrador aquí mencionado es el más reciente en una serie de documentos del ATP filtrados por Wikileaks. Hasta ahora el portal fundado por Julian Assange ha dado a conocer a la opinión pública tres de los 29 capítulos del borrador del acuerdo (difundidos en México por este diario), y el pasado 2 de junio lanzó una campaña para recaudar 100 mil dólares, a fin de ofrecerlos como recompensa a quien entregue los 26 capítulos del ATP que no se han hecho públicos. Hasta ayer se había reunido casi dos tercios de esa suma.

El contenido total del acuerdo sólo es conocido por los gobiernos que participan en las negociaciones, algunos legisladores estadunidenses y, a decir de The New York Times, los directivos de unas 600 empresas. Los documentos correspondientes están clasificados por cuatro años después de su entrada en vigor, o por cuatro años después del cierre de negociaciones, en caso de que éstas no tuvieran éxito.

Un mecanismo de fast track para acuerdos comerciales (que permitiría votar en favor o en contra de un tratado sin discutir su contenido) fue recientemente aprobado por el Senado estadunidense, y se espera que muy pronto (tal vez esta misma semana) pase a votación en la Cámara de Representantes. La administración de Obama buscaría que ese mecanismo sea usado para la rápida incorporación de su país al ATP.

Los otros medios a los cuales Wikileaks entregó el documento del ATP son The New York Times, The Age (Australia), Ciper (Chile), Fairfax (Nueva Zelanda) y La República (Perú).

En la página de Internet de La Jornada puede consultarse, a partir de hoy, el anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica, del Acuerdo de Asociación Transpacífico.

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