El secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, se comprometió a dar a conocer el próximo lunes la postura de la administración capitalina respecto del servicio de transporte privado que proporcionan las empresas Uber y Cabify, y las acciones que se emprenderán.

Después de una reunión que se prolongó dos horas y media, Ignacio Rodríguez y Felipe de la Cruz, representantes de Taxistas Organizados de la Ciudad de México y Taxistas y Líderes Unidos contra la Ilegalidad, respectivamente, confiaron en que no se darán más largas a este asunto.

El sector fue escuchado por el funcionario, quien se comprometió a hacer una revisión de nuestros planteamientos relacionados con la prestación de servicios ilegales en la modalidad de piratas, como los Panteras, Ejecutivos y ahora con aplicaciones, señalaron.

Confiamos en que las autoridades combatirán este servicio irregular y no les entregarán concesiones o permisos. De lo contrario, exigiremos que se aplique un piso igual para todos, donde no necesitemos de autorizaciones o gastos excesivos para proporcionar el servicio de taxi.

La persecución a los prestadores de servicio de Uber no está considerada en este momento, pues privilegiaremos el diálogo y la vía legal, donde hay avances en cuanto a las dos averiguaciones previas interpuestas en la procuraduría capitalina, comentó Rodríguez.

El subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas, Óscar Montes de Oca, dijo, nos informó que las empresas no existen en el Registro Público de la Propiedad, en el listado de concesiones de la Secretaría de Movilidad (Semovi) ni en el Sistema de Administración Tributaria.

Con ello se corrobora que están en la ilegalidad, pero ni la Semovi ni el Instituto de Verificación Administrativa actúan, cuando deberían aplicar operativos de remisión, multas y sanciones penales, por lo cual esperamos una respuesta afirmativa este lunes, agregó.

La procuraduría capitalina, sin embargo, giró instrucción a la policía cibernética para investigar el funcionamiento de la plataforma de estas empresas y determinar los lazos que tiene para la prestación del servicio.

Minutos antes de entrar a la reunión entregaron un documento al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el que le exigen poner alto a la ilegalidad de esas empresas. Asimismo, le manifiestan su malestar por la falta de aplicación de la Ley de Movilidad.

Dicha situación va en detrimento de más de 500 mil familias, las cuales ven mermados sus ingresos diarios por esas prácticas desleales e ilegales, se lee en el documento de una cuartilla firmado por los representantes de 20 mil taxistas autorizados.

La reducción de la comitiva que ingresaría a la reunión provocó el enojo de alrededor de un centenar de taxistas, que buscaron entrar al Antiguo Palacio del Ayuntamiento al grito de portazo, aunque no tuvieron éxito, al reforzarse la seguridad con policías auxiliares.