La voz cantante es de jóvenes maestras con los rostros ocultos tras mascadas. Aquí no se van a instalar casillas porque votar es para que te asesinen, para que te desaparezcan, dice una de ellas en el micrófono.

Otras se acercan a los automovilistas, piden cooperación voluntaria y hacen un pequeño discurso luego de que sus compañeros revisaron cajuelas y maletas. Los estamos invitando a la reflexión sobre la farsa electoral, los invitamos a que no voten, aquí no va a haber elecciones.

Algunos automovilistas aceptan que en los parabrisas y medallones de sus vehículos se inscriban consignas como: Primero justicia, después elecciones. De algunas cajuelas salen playeras y propaganda electoral que legalmente ya no puede ser distribuida.

La camioneta blanca en la que viajan empleados de la casa encuestadora Parametría es detenida. Sacan del vehículo tres o cuatro tambaches de papeles que servirían para aplicar una encuesta de salida en Chilapa, uno de los focos más rojos de esta elección.

Los documentos son desparramados en el asfalto, donde se revuelven con camisetas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), trípticos del Verde, carteles del Partido del Trabajo y uno del aspirante a gobernador Héctor Astudillo, quien busca por segunda ocasión el puesto, ahora con el lema: Vota por orden y paz.

–Se pueden ir, pero no vayan a encuestar –dice un encapuchado a los empleados de la empresa demoscópica.

–Pues claro que no, ya con qué material –responde Ulises Bahena.

La mayor parte de los maestros y normalistas que han llegado para sumarse al boicot electoral se guardan para la marcha vespertina, de modo que por momentos en el bloqueo parece haber más fotógrafos que manifestantes.

El viernes, encapuchados se hicieron de algunos paquetes electorales que iban con rumbo a comunidades del municipio. Ahora buscan que no lleguen a su destino. Ayer, dice un maestro en el micrófono, descargaron paquetería en Apango, la pasaron por aquí en una ambulancia. La Cruz Roja y otros están para labor humanitaria, no para prestarse de esbirros. En consecuencia, la ambulancia que pasa por ahí poco después es sometida a revisión.

Un profesor entrado en años, también con el rostro cubierto, se acerca y, tras identificar a los reporteros, se siente en confianza para decir: “Este es nuestro último reducto. Teníamos 14 ayuntamientos tomados, ya no. Pero aquí estamos, resistiendo”.

Zeferino, el virrey y los retenes

Félix Berenguer de Marquina fue uno de los últimos virreyes de la Nueva España. Durante sus casi tres años de gestión sólo hizo una obra: una fuente que nunca sirvió. Gracias al ingenio popular, el virrey Marquina es recordado sólo por una cuarteta que dice: Para perpetua memoria/ nos dejó el virrey Marquina/ una pila en que se orina/ y aquí se acaba la historia.

Al ex gobernador Zeferino Torreblanca, quien con un perfil panista fue gobernador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ahora va por la alcaldía de Acapulco con las siglas de Acción Nacional, le ha ido mejor, pese a que una de sus obras cumbre, el libramiento Chilpancingo-Tixtla, está en permanente reparación.

Los 20 kilómetros de chipotes y derrumbes costaron el doble de lo presupuestado y son ahora el escenario para el operativo oficial que consiste en prácticamente encerrar a normalistas, padres y maestros en la cabecera del municipio de Tixtla.

Unos 15 autobuses de pasajeros y varias patrullas a la vera del camino indican cuántos policías antimotines han sido traídos a este punto para impedir el paso de los normalistas y sus apoyos.

En la carretera vieja, que usualmente los normalistas no utilizan para desplazarse a Chilpancingo, hay menos policías, pero ubicados en dos retenes donde los viajeros deben someterse a una revisión similar a la practicada por los manifestantes. Con una diferencia: todos deben bajarse de los vehículos.

La clase política guerrerense ha dejado, en reiteradas declaraciones en los medios locales, que el Movimiento Popular Guerrerense, que cobija a todos los grupos partidarios del boicot, no tiene capacidad para impedir la elección.

Los focos rojos, sin embargo, no tienen que ver sólo con la presencia de contingentes populares dispuestos a reventar casillas, sino con las amenazas del crimen organizado que, con todo y el aparatoso despliegue gubernamental que siguió a la desaparición de los 43 estudiantes, continúa su dominio en varias regiones del estado.

La elección de gobernador, 81 presidentes municipales, 28 diputados locales y nueve federales ha estado marcada no sólo por Ayotzinapa, sino por una serie de hechos de violencia que han afectado a los propios aspirantes a puestos de elección popular.

Esto le va a pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear, decía el mensaje que sus ejecutores dejaron al lado del cuerpo de Aidé Nava González, aspirante perredista a la alcaldía de Ahuacuotzingo, el 10 de marzo.

Unas semanas después fue asesinado, delante de sus colaboradores, el candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz. Unos días antes, el candidato a gobernador por el Movimiento Ciudadano, Luis Walton, había sido encañonado en ese municipio.

Y no son los revoltosos maestros y normalistas los que han causado que la disyuntiva de los habitantes de Chilapa no sea si votar PRI o PRD. “Acá tenemos que decidir entre Ardillos y Rojos”, dice un poblador, en referencia a los dos grupos criminales que se disputan la plaza.

Los candidatos optaron por realizar actos cerrados o, de plano, por no hacer proselitismo más que en las cabeceras, por temor a ser atacados si viajaban a comunidades apartadas.

A los asesinatos se sumaron los secuestros, como los que sufrieron Juan Mendoza Acosta, aspirante por el PRD a la alcaldía de Totolapan, y Silvia Romero, ex secretaria de Educación y persona muy cercana al ex gobernador Ángel Aguirre.

En la víspera del momento cumbre de la fiesta democrática, ya entrada la tarde, se reciben los primeros reportes de un enfrentamiento de policías comunitarios contra delincuentes en Xolapa, municipio de Acapulco, con saldo de varios muertos.

Promesa

En el bloqueo de los normalistas es retenido Rosendo Morales Demetrio, por su corte de pelo y porque anda tomando fotos sin el atuendo correspondiente. Resulta ser, según su identificación, policía municipal de Tixtla. Lo interrogan y lo sueltan, pero en eso llega la Policía Comunitaria perteneciente a la Casa La Patria es Primero, en dos camionetas; sus integrantes están vestidos de verde y con los rostros cubiertos. Lo vuelven a interrogar y luego lo dejan ir, no sin antes hacerle prometer que no harás nada en contra de los padres ni de los normalistas.

La víspera electoral la cierran un helicóptero de la Marina que sobrevuela la normal, toneladas de rumores sobre un desalojo y una marcha al grito de no votes.