Gisela Peraza debió dejar la cárcel el martes pasado, pero le imputaron posesión de drogas
Domingo 7 de junio de 2015, p. 29
Hermosillo, Son.
La demanda al gobierno de Guillermo Padrés para que acate la determinación judicial de liberar por falta de pruebas a Gisela Peraza, quien fue su sirvienta durante 15 años hasta que éste la acusó de robo de joyas y dinero en efectivo, se ha extendido en la entidad la víspera de la elección federal y local.
Por resolución judicial, que concedió un amparo a la imputada de robo por la familia Padrés Dagnino, pues las pruebas aportadas sobre el supuesto hurto resultaron insuficientes y carentes de contenido, la señora Peraza debió recuperar su libertad el martes pasado a la medianoche.
La nueva acusación por posesión de droga abrió un debate público en la entidad, pues a escasas horas de la elección para gobernador se reprocha al gobernador Guillermo Padrés haberse ensañado contra Gisela Peraza, quien le sirvió por más de una década.
No obstante, como publicó este diario, la autoridad del estado –horas antes de concretarse la liberación– le imputó la posesión de 0.32 gramos de metanfetamina escondida entre sus pertenencias. Por tal hallazgo la reclusa fue enviada a una celda de castigo, evitándose la liberación.
Ayer, el ex gobernador del estado y hoy coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, demandó mediante las redes sociales la pronta liberación de la acusada, primero de robo –que no fue acreditado– y ahora de posesión de drogas.
El político priísta expuso en su cuenta de Twitter: cómo diputado sonorense exijo la inmediata liberación de Gisela Peraza. Su encarcelamiento es una franca violación a sus derechos humanos
.
Hasta ayer la familia de la señora Gisela ha encabezado dos manifestaciones en las calles de Hermosillo, en demanda de que el gobernador de la entidad, Guillermo Padrés, asuma su responsabilidad y libere a su ex empleada, frente a la burda acusación
de posesión de droga.
Los familiares también han documentado, con las pruebas que aportó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la tortura y vejaciones cometidas contra Gisela Peraza.