a intensidad y la persistencia de la protesta pública corresponden con puntualidad a los niveles de desatención de políticos y autoridades a problemas existentes. Por ello resulta desproporcionado, e incluso propiciatorio de un clima favorable a la represión de esas protestas, pretender la adjudicación de responsabilidad de ellas solamente a una especie de vocación masoquista de ciudadanos deseosos de andar en las calles agitando o a conspiraciones facciosas que en caso de haberlas no encontrarían condiciones para desarrollarse si el propio sistema no las creara.

Las protestas están allí, crecen y llegan a desbordarse porque el aparato de gobierno y las formas de representación popular no están funcionando más que para beneficio de las propias camarillas de poder, orillando a muchos ciudadanos a asumir que sólo por la vía de las marchas y las movilizaciones (como opciones aún relativamente pacíficas) pueden aspirar a tener atención mediática y política y ciertas expectativas de resolución positiva.

En Oaxaca y en Guerrero se ha llegado a extremos delicados. En la entidad donde ha dejado transcurrir el tiempo Gabino Cué, hubo trastornos en la operación aeronáutica que significaron la cancelación de varios vuelos programados, luego que grupos de profesores intentaron tomar las instalaciones del aeropuerto oaxaqueño. En la ciudad de México, dirigentes de la sección magisterial de Michoacán adelantaron que el domingo de las elecciones podrían tratar de cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, además, de instalarse en el Zócalo capitalino. Y en Guerrero se produjo un enfrentamiento entre policías federales y activistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, a quienes se impidió manifestarse y protestar en vísperas electorales.

El estremecimiento social continuo no pareciera generar en la clase política dominante mayores sobresaltos que los necesarios para torear, dividir, desacreditar o lanzar tales disonancias al archivo muerto. Lo mismo puede verse en Durango a centenares de ejidatarios que llevan más de un mes plantados día y noche en una caseta de peaje en Coscomate, en demanda de que el gobierno federal les pague con justicia sus tierras expropiadas para construir una súper carretera rumbo a Mazatlán, que a decenas de miles de personas en todo el país recorriendo oficinas policiacas y judiciales en espera de información y atención respecto de familiares desaparecidos, masacrados o tramposamente procesados.

El aparato gubernamental (en sus tres niveles), las instancias legislativas (federal y estatales), el Poder Judicial (en sus distintos ámbitos jurisdiccionales), los organismos autónomos (CNDH, Inai, tribunales e institutos electorales, entre otras fachadas simuladoras) y las formas de construcción de la representación política (partidos, campañas, elecciones) no han producido a la fecha más que un evidente agravamiento de las dolencias nacionales, hasta llegar a una situación crítica extrema, una de cuyas expresiones es la lucha cívica y social en las calles, incluso con métodos desbordados.

Para enfrentar esos brotes de insurrección cívica y política los poderes institucionales no han podido ejercer con plenitud y eficacia las artes de la política y, a falta de los frutos sanos del diálogo y la negociación, han delegado la contención y, de alguna manera, la resolución, a policías federales regidas por criterios militares y a los propios cuerpos castrenses, devaluando el poder político de las autoridades civiles y creando riesgosos escenarios que en minutos podrían crear tragedias.

Las elecciones son, sin embargo, el punto central de la atención pública nacional en esta primera semana de un mes que algunos grupos han pretendido denominar Junio Negro. Ayer mismo sesionó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para desahogar asuntos pendientes y seguir a la busca de soluciones en entidades como Oaxaca y Guerrero, por razones de insurgencia de corte político y gremial, y en otros lugares donde el poder del crimen organizado está adoptando decisiones y haciéndolas cumplir.

Entre otros puntos, el despeje dominical de incógnitas electorales permitirá avizorar el futuro de personajes como Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena (en función de las abiertas aspiraciones presidenciales del tabasqueño); de Manlio Fabio Beltrones y su candidata en Sonora, Claudia Pavlovich (en función de la posibilidad del zar legislativo de convertirse en presidente nacional del PRI), y de Felipe Calderón y su corriente, que pretende recuperar el poder en el blanquiazul o buscar alternativas casi independientes.

En un plano político e ideológico terriblemente disminuido, con la voracidad de las camarillas como determinante para las postulaciones partidistas, y en un nivel de descrédito social mayor que nunca, el proceso electoral apenas aporta algunos chispazos de interés. Será importante ver, por ejemplo, el desenlace de la fuerte embestida de poderes chuchos y pinoleros unidos contra Ricardo Monreal en la delegación Cuauhtémoc (si gana, el zacatecano será precandidato cantado a la jefatura del gobierno capitalino en 2018 o a la presidencia de Morena). Y el tamaño de la ofensiva en Jalisco contra Enrique Alfaro (aspirante a presidir Guadalajara, pero cabeza de una corriente que participa con buenas expectativas de triunfo en varios de los principales municipios de esa entidad), contra quien se ha desatado una guerra sucia personalizada, con el payaso Lagrimita como cuña instalada para invocar más adelante causales de anulación porque a éste no se le garantizó equidad en la contienda al rehabilitarlo intencionalmente a última hora.

Y, desde luego, lo que suceda con la segunda carta del PRI en Nuevo León, Jaime Rodríguez, un independiente que mucho serviría al sistema para demostrar en México y el extranjero que el sistema político mexicano es democrático y abierto a la participación y el triunfo de cualquiera, el Cabrito Dream ya antes mencionado en esta columna que, por hoy, hasta este punto llega. ¡Hasta mañana!

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