a siderúrgica Altos Hornos de México anunció ayer la reducción en 20 por ciento de su plantilla laboral, lo que implicará el despido de 4 mil 500 empleados; la suspensión de inversiones por 3 mil 900 millones de pesos, y el descenso de 20 por ciento en sus programas de producción, como consecuencia de la drástica caída de precios del acero –calculada en 40 por ciento, en los cinco meses pasados– y de factores internos que restan competitividad a las siderúrgicas del país.

El anuncio es preocupante no sólo porque prefigura el engrosamiento de las filas del desempleo nacional, sino porque exhibe en forma particularmente cruda los efectos tangibles de las perspectivas económicas desalentadoras que enfrenta el país. En efecto, lo que en la jerga tecnocrática es presentado como ajustes a la baja en las perspectivas de crecimiento, en la realidad se traduce en despidos, insuficiencia de recursos y disminución de la actividad económica del país.

Otro dato inquietante es la cifra sobre desplome en las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex) por concepto de exportaciones de crudo a Estados Unidos, que en el primer cuatrimestre de 2015 fueron 51 por ciento menores en comparación con el mismo periodo de 2014. La brusca disminución en la principal fuente de divisas del país y la consecuente reducción en los recursos fiscales debidos a la caída de los precios internacionales del petróleo y a los efectos de la reforma energética, se suman a los efectos negativos de la devaluación del peso frente al dólar; a los elevadísimos niveles de endeudamiento alcanzados en el curso de la presente administración, y al incierto y volátil panorama internacional. Todo lo anterior exhibe una economía nacional que atraviesa uno de sus momentos más peligrosos, al menos desde 2008.

La situación contraviene lo señalado la víspera por el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, quien puso a México como ejemplo de cómo las reformas estructurales de corte neoliberal pueden mejorar la economía de un país. Lo cierto es que pese a los dichos del funcionario, el Índice de Mejor Vida elaborado por la propia OCDE ubica a México en las últimas posiciones en la mayoría de los rubros ponderados por ese estudio para medir la calidad de vida.

La razón evidente de esta circunstancia en que convergen el mal desempeño económico y el deterioro en las condiciones de vida de la población, es la persistencia de un modelo, vigente, que se ha concentrado en reducir al mínimo la capacidad del Estado para fungir como motor del desarrollo, y ha conformado con ello un círculo vicioso que mantiene empantanada a la economía y que impide cualquier mejoría significativa de las condiciones de vida mayoritarias y de reactivación.

Los encargados de la conducción económica del país tienen ante sí el reto de percibir y procesar adecuadamente los numerosos factores de alarma en materia económica, y actuar en consecuencia. Ello implica, a su vez, reconocer la necesidad de reactivar el mercado interno y fortalecer la economía social y popular que impulse la generación de empleos reales, así como de reducir en forma significativa los costos de operación de la administración pública sin tocar la inversión pública ni los programas sociales, reforzando la inversión en la educación, la salud y el bienestar de la población.