Ejidatarios de Durango, Nayarit y Sinaloa exigieron al gobierno federal un pago justo por las tierras utilizadas para la construcción de la carretera Durango-Mazatlán. Los labriegos interpusieron 66 amparos y desde hace 44 días mantienen un plantón en la caseta Coscomate, pues hace dos años entregaron un documento al presidente Enrique Peña Nieto, en el cual solicitan su intervención, y a la fecha no hay respuesta.

José Luis Coria Quiñones, vocero del Movimiento Lucha Agraria Coscomate Durango, comentó que el fin de semana algunos de los labriegos recibieron amenazas vía telefónica; ya nos advirtieron que pasando las elecciones habrá consecuencias, por lo que ayer acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a solicitar medidas cautelares ante el temor de ser privados de su libertad o de otras acciones que pongan en riesgo su integridad física.

Precisó que la mayoría de los mil 900 ejidatarios de Pueblo Nuevo, San Antonio y anexos, La Victoria, Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo, comunidad Chavarría Nuevo, Durango, son personas de la tercera edad, pero determinaron continuar su protesta ante el silencio de la Presidencia de la República, de las autoridades agrarias y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a su demanda de un pago justo por las 910 hectáreas que les quitaron para la construcción de dicha carretera.

En el documento entregado en octubre de 2013 al presidente Peña Nieto, los ejidatarios especificaron que las 32 comunidades ejidales y de pequeños propietarios afectadas quieren un pago justo por sus tierras y que, derivado de los ingresos de la carretera, inversión para el fomento educativo, salud, deportivo y cultural, así como generación de empleos. Queremos que nos paguen la tierra al valor de mercado, así como reparación de daños y perjuicios causados por la obra.

A la fecha, expusieron en conferencia de prensa los ejidatarios Andrés Medrano Quiñones y Héctor M. González Muñiz, la SCT sólo ofrece 4 mil pesos por hectárea, mientras a algunos campesinos de Sinaloa les dieron 500 mil pesos por hectárea.

Coria Quiñones comentó que ha sido un peregrinaje a las diversas instituciones, incluso el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales se ha negado a entregar copia del avalúo; continúan las negociaciones con la SCT, pero no hay respuestas. Nos han dicho que nuestras tierras valen 22 mil pesos, pero no tenemos ningún documento de ello.

Héctor Saúl Lizárraga, abogado de los ejidatarios, explicó que el juzgado primero de distrito de Durango determinó que el uso de las tierras para la construcción de la carretera es una privación ilegal; en recurso de revisión del amparo, el juzgado colegiado del vigésimo quinto distrito de Durango ordenó al jugado primero de distrito que analice el caso, ya que además de la ilegalidad por el uso de la tierra, los montos de indemnización no corresponden a un avalúo correcto.