Once meses después de que efectivos del Ejército Mexicano abatieran a 22 presuntos delincuentes dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que las investigaciones del caso están integradas a la causa penal 338/2014, radicada en el juzgado sexto militar, cuyo procedimiento se encuentra en etapa de instrucción por delitos de orden militar, los cuales no constituyen violaciones graves a los derechos humanos.

Lo anterior, en respuesta a una solicitud de información pública hecha por La Jornada, en la cual la institución castrense respondió que decidió reservar por un periodo de 12 años el contenido de las investigaciones que la Procuraduría de Justicia Militar realizó en torno a esos hechos, en los cuales, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas por los militares.

Mediante el oficio 4354, la Sedena informó que la investigación del llamado caso Tlatlaya se encuentra en desahogo en los tribunales militares por lo que respecta a las violaciones que sus ocho elementos cometieron a sus deberes castrenses, ya que independientemente de esta acusación, cuatro de ellos enfrentan cargos en el ámbito civil federal: tres por homicidio calificado y uno por encubrimiento.

En octubre de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República, dio a conocer que los cargos fueron por el asesinato de ocho de las 22 personas. Dijo que la mayoría de los presuntos delincuentes murieron en enfrentamiento con los militares y ocho quedaron con vida, y un sargento y dos soldados utilizaron las armas de los abatidos para ejecutar a sus compañeros.

Sin embargo, la CNDH indicó que no fueron ocho, sino 12 los ejecutados por los soldados, nueve ya se habían rendido y estaban sin armas, y otros tres estaban inertes, dos ellos tenían entre 15 y 17 años.

El lugar de los hechos se alteró y los militares impidieron que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJE) arribaran pronto al poblado, que se localiza a más de tres horas de Toluca.

Según el oficio de la Sedena, el juez sexto de distrito instruye una causa penal contra el personal militar por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de desobediencia e infracción de deberes castrenses correspondientes a cada militar según su comisión o empleo.

Con esos argumentos, la institución castrense se negó a proporcionar copia de su investigación en torno a lo sucedido en Tlatlaya, y reservó por 12 años el expediente, ya que el comité de información pública consideró que sólo podrán ser desclasificados cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, es decir, hasta que el proceso penal concluya y se dicte sentencia firme contra los militares.