El mayor problema de la suspensión indefinida de la evaluación docente es que se infringe la ley y que las autoridades no explican los argumentos que justifican su decisión. Para académicas especialistas en educación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Iberoamericana (Uia), independientemente de las fallas o virtudes de la reforma educativa, ésta tendría que aplicarse conforme a la ley.

Alma Maldonado, del Cinvestav, consideró que la medida adoptada es ‘‘gravísima. Pero lo más grave es que el secretario (de Educación, Emilio Chuayffet) no dé la cara. Nadie da una explicación de qué criterios se consideraron’’.

Refirió que la educativa era la reforma más promocionada por el gobierno federal y dijo que hay que tomar en cuenta que aunque la evaluación docente ‘‘tenía muchos problemas y era perfectible’’ ya había 400 mil inscritos en ella. Por ello, sostuvo, ‘‘es muy reduccionista pensar que es sólo un problema con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y su amago de boicot electoral’’.

Para ella, ‘‘aquí se acabó la agenda educativa de este sexenio’’, pues al gobierno le faltará credibilidad para emprender nuevas reformas o políticas en el sector. La decisión derivó en ‘‘la crisis más grave del sistema educativo de los años recientes’’.

Consideró que a partir de este momento se dejó en ‘‘indefinición total’’ el mecanismo por medio del cual se podrá exigir ‘‘el derecho a una educación de calidad, como quiera que ello se entienda, pues los procesos legales aprobados para ello fueron detenidos arbitrariamente’’.

A su vez, Marisol Silva, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, de la Uia, opinó que la medida adoptada por la secretaría ‘‘atenta contra los propios objetivos que la reforma educativa proponía’’, pues hasta ahora ésta se había centrado en la evaluación docente y en las condiciones de ingreso, permanencia y promoción de los maestros.

Silva consideró que conocer el desempeño de los mentores al ingresar a la profesión y de los perfiles que es necesario desarrollar ‘‘podría abonar a mejorar las condiciones en las que se encuentra la calidad educativa. Revertir esos procesos no deja ninguna ganancia, sobre todo porque no ha habido ninguna explicación lógica de esta decisión’’.

En la decisión de suspender indefinidamente la evaluación a maestros ‘‘ha prevalecido el interés electoral más que la visión de largo plazo. Si la reforma educativa vale menos que otros intereses políticos, creo que se deslegitima el gobierno con una decisión como ésta. Volver a generar confianza en las propuestas gubernamentales se ve muy difícil’’.