uando menos en cinco estados se produjeron ayer actos violentos contra el proceso electoral. En el más candente de ellos, Guerrero, caravanas de vehículos militares blindados se encaminaban a puntos críticos, como la Normal Rural de Ayotzinapa, que a la vespertina hora de teclear el presente parte bélico-electoral estaba fuertemente vigilada por la Policía Federal. En Matamoros, Tamaulipas, aunque aparentemente ajeno al contexto electoral, se registró un atentado con artefacto explosivo en las oficinas del Poder Judicial de la Federación, con saldo de heridos.

Mención especial merece el que en Valle de Chalco haya sido ejecutado, en su oficina de campaña, un candidato a diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática. Miguel Ángel Luna Munguía había sido diputado federal y presidente municipal en nombre del PRI, pero ahora militaba en el sol azteca. Un grupo armado entró al domicilio donde Luna se encontraba con algunos de sus colaboradores, preparando cierres de campaña, y le disparó directamente. En el estado de México se vive una violenta lucha política, en la que participan factores e intereses dispuestos a acciones extremas, con siglas de uno u otro partido utilizadas para encubrir rudas pugnas facciosas. En ese mismo Valle de Chalco, el jefe regional de Nueva Izquierda, Ramón Montalvo Hernández (también diputado federal) sufrió un atentado el 14 de abril del año pasado.

El Instituto Nacional Electoral, sin embargo, considera que la situación aún no es de emergencia, y uno de sus consejeros, Arturo Sánchez, declaró ayer que las elecciones no se van a hacer a la fuerza, pero tampoco queremos que por la fuerza se impida la organización de las elecciones (nota de Claudia Herrera y Alonso Urrutia en el portal de La Jornada). Es mendaz la postura del mencionado consejero, pues las elecciones sí se hacen a la fuerza e incluso, de estimarse necesario por las autoridades electorales, con el apoyo de la fuerza pública, dado que su realización no depende de la voluntad circunstancial de los concurrentes sino de un ordenamiento legal, discutible y sumamente mancillado, pero vigente.

Ese duelo de fuerzas en torno a lo electoral es disparejo, pero refleja el curso actual de la concepción de ciertos segmentos sociales respecto al sistema de partidos, campañas y elecciones. Los grupos que han irrumpido violentamente en el escenario de los comicios consideran que estos procesos sirven de muy poco o nada a la auténtica resolución de los problemas nacionales, y que a fin de cuentas acaban convalidando esa fachada de presunta representación popular. Del otro lado, todos los partícipes en el acuerdo electoral empujan desde sus trincheras, con los matices propios de su contexto, para sostener la continuidad de los procesos que no sólo les dan privilegios y prerrogativas en lo inmediato sino que, sobre todo, mantienen el mínimo barniz de legitimidad al sistema puesto en entredicho.

Con propaganda abundante, discursos e incluso el emplazamiento de fuerzas policiacas y militares, tal sistema promueve y defiende el ejercicio del voto porque de este momento individual de aparente libertad depende el discurso oficial que se convalida con la asistencia a las urnas, aunque los resultados globales hayan sido previamente condicionados y adulterados para que los poderes dominantes sigan adelante.

El choque entre la violencia antivoto y la defensa del ejercicio del sufragio debería presionar para que se realice oportunamente una reforma electoral verdadera para 2018, que suprima como factor determinante los ríos de dinero (tanto en asignaciones a partidos como en formas de hacer campañas), estimule auténticas candidaturas ciudadanas y otras formas de participación ajenas a la dictadura de los partidos, y despartidice y enaltezca los órganos electorales, tanto los ejecutivos (INE y las variantes estatales) como los jurisdiccionales (TEPJF y sus expresiones en los estados).

Por lo pronto, en esta ocasión, la suerte tramposa parece estar echada en favor del PRI y el Verde, más sus aliados menores, como el Panal, que juntos podrán tener el control desahogado de la próxima cámara federal de diputados, con un PAN maderista necesitado de fortalecer arreglos con Los Pinos para seguir combatiendo al calderonismo (Margarita Zavala va en busca de la presidencia nacional del partido de blanco y azul y de allí buscaría la postulación presidencial para 2018) y un PRD en similar condición de dependencia pactista con el PRI para seguir resistiendo ante el lopezobradorismo.

Lo que suceda el próximo domingo no tendrá, por desgracia para los partidos de oposición, sea cual sea el grado de ésta, consecuencias reparables en 2018 sino, muy probablemente, todo lo contrario. Si Los Pinos mantiene la hegemonía electoral, en un haiga sido como haiga sido de tres colores, blindará su postura para reproducir, corregidas y aumentadas, las estrategias más avasallantes que le permitan intentar a bayoneta calada sostenerse en el poder más allá de Peña Nieto. No será con votos como los saquen del poder, pero, en las condiciones actuales (con las leyes y procesos electorales del presente, manipulado y controlado todo, peores las condiciones electorales que en todas las ocasiones anteriores recordables, confabulados los medios, los árbitros y las fuentes de financiamiento) sí será con votos como se mantendrán en el poder.

Como arenga parece poco y como excusa resulta peor. Pero así pretendió salir el actual ocupante de Los Pinos del (otro) bache en que ha caído a partir de la suspensión indefinida de los mecanismos de evaluación a profesores conforme a la dizque reforma educativa. Cuatro palabras: hay que seguir adelante, ante reporteros que le pedían abundar sobre la mencionada suspensión. ¿Ya claudicó? ¿No hay preocupación, Presidente?, preguntaron reporteros a EPN, quien reviró: ¿Usted me escuchó que dijera eso? Dije, ¡hay que seguir adelante. Antes había propuesto a los periodistas: hay que hablar a la Secretaría de Educación, ahí tendrán todas las respuestas a ese tema. ¡Hasta mañana!

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