La corrupción en México es un fenómeno que impacta negativamente el crecimiento económico y la imagen del país; en los escándalos asociados a estas prácticas se han visto involucrados funcionarios de ‘‘todos los colores’’.

Ante ello es necesario no tolerar más este tipo de acciones y propiciar que, más allá de los contenidos del marco legal, en realidad haya un combate a la corrupción, coincidieron en señalar partidos políticos en el último foro de contrastes sobre sus plataformas electorales.

Realizado en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), durante el foro la investigadora Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, sostuvo que ‘‘las leyes son condición necesaria pero insuficiente para traducir las políticas en prácticas y éstas en resultados.

‘‘La rendición de cuentas constituye la columna vertebral de las reformas estructurales, por eso es que preocupa mucho la decisión inesperada de la Secretaría de la Educación Pública de suspender de manera indefinida la evaluación a los docentes.’’

Morales cuestionó que el gobierno ceda al ‘‘chantaje magisterial’’, y consideró que ‘‘el silencio y la falta de acciones los hará cómplices de una acción que nos tiene en el dispendio de recursos destinados a la educación’’.

Durante su intervención, la panista Laura Rojas sostuvo que algunos indicadores internacionales dan cuenta de que México ha retrocedido sustancialmente en los parámetros de corrupción. Señaló que si bien se ha discutido e impulsado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los avances en el ámbito legal son insuficientes.

‘‘Mientras sigamos teniendo un estado de excepción para el Presidente y los servidores (públicos), incluidos legisladores, magistrados, ministros, secretarios de Estado, por más que tengamos la mejor regulación, el mejor marco jurídico en materia anticorrupción, de nada va a servir si tenemos un grupo privilegiado de políticos que está exento de esas leyes’’, dijo Rojas.

Por su parte, el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que si bien para el combate a la corrupción un primer aspecto es alentar la transparencia, el segundo paso es combatir la impunidad.

Reivindicó el impulso al Sistema Nacional Anticorrupción, pero subrayó que las leyes secundarias ‘‘no deben ofrecer resquicios a la impunidad y para que ello ocurra requieren de un factor fundamental: no pueden tener sesgo político’’.

Ramírez Marín reconoció que uno de los más graves errores es que se parta de la premisa de que la realidad cambiará a partir de lo que se escribe en la ley, cuando en realidad lo único que supone es comenzar ese cambio.

Leyes que nadie practica

‘‘No es el detalle de un escándalo; hemos tenido muchos y de todos los colores. No es como cambiamos la vida diaria, porque es una cuesta arriba contra el poder con leyes que el ciudadano no entiende; esto es, que están escritas, pero nadie las practica’’, concluyó Ramírez Marín.

Finalmente, Zoe Robledo, del PRD, consideró que si bien el sistema anticorrupción es un avance importante, ‘‘la gente cree, y ésta en su percepción, que los políticos nos cubrimos entre nosotros; entonces, ¿cómo pedir que la sociedad confíe en el sistema anticorrupción si se tiene esa percepción ciudadana?’’