n medio de una fiesta de cifras alegres en la que cada quien maneja las cantidades de simpatizantes que más les conviene, los candidatos de los distintos partidos a los diferentes puestos de elección popular cierran campañas para dar paso a los días en que el electorado podrá analizar en favor de quién es más conveniente votar el próximo domingo 7.

Aparte de las cantidades estratosféricas que cada aspirante maneja en sus cierres sin posibilidad alguna de comprobarse, tres serán los contendientes que se disputen la gubernatura: Beatriz Mojica Morga, por PRD, PT, PH, PES y PPG; Héctor Astudillo Flores, por el PRI-PVEM, y Luis Walton Aburto, por MC, en orden alfabético, aunque no pocos consideran que la disputa real será entre Astudillo Flores y Mojica Morga.

En las semanas recientes Mojica y Astudillo dedicaron su mayor esfuerzo a descalificarse mutuamente más que a afanarse en convencer con propuestas a los electores, quienes prácticamente están en el lapso concedido por las autoridades electorales para que razonen su voto.

Sucio o limpio, los candidatos han hecho ya su trabajo; en tanto que el Instituto Nacional Electoral se apresta a distribuir e instalar las casillas, los gobiernos federal y estatal han distribuido estratégicamente a sus fuerzas de seguridad y el Movimiento Popular Guerrerense se apresta a poner en práctica su plan para boicotear la jornada de votaciones. Los grupos integrantes del movimiento se han dado a la tarea de hacer acopio de combustible y unidades de transporte para obstaculizar las votaciones.

Las evidencias amenazan con convertir lo que podría ser una fiesta cívica, en un escenario de conflicto generado por personas que no han encontrado, pese a sus esfuerzos, la justicia anhelada en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, mientras por separado familiares de los 16 desaparecidos en Chilapa peregrinan y claman la presentación de sus seres queridos.

Frente a todo ello, la elección de gobernador, diputados federales y locales y alcaldes podría constituir el motor de un cambio favorable para las víctimas, pero lo destructivo sería provocar la anulación de las votaciones, pues con ello nadie saldría ganando más que el caos.