El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) demandó al gobierno federal dar marcha atrás a la suspensión indefinida del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes para la educación básica y media superior, pues consideró que esta decisión ‘‘vulnera la legalidad’’ de la reforma educativa y es una ‘‘invasión’’ a sus competencias y autonomía constitucional.

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la tarde del pasado viernes su decisión de suspender la evaluación de docentes y candidatos a ingresar al magisterio, al detectar ‘‘nuevos elementos a considerar’’, la junta de gobierno del INEE subrayó que cumplió con todos los elementos para realizar la evaluación de los maestros, ‘‘por lo que no tiene fundamento la razón esgrimida por la dependencia como causa de la suspensión’’.

En un comunicado, el INEE consideró que la medida –aplicada a una semana de la jornada electoral del 7 de junio– atenta contra el artículo tercero constitucional, sus leyes secundarias y el nuevo marco normativo del Servicio Profesional Docente. Además, al no poder designar profesores, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los ‘‘conocimientos que establece la ley’’, se afectaría de forma ‘‘severa’’ el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016.

Agrega que las fechas establecidas en el calendario –elaborado y publicado por el INEE– para realizar los procesos de ingreso, promoción y permanencia en el servicio docente, ‘‘fueron cuidadosamente consultadas y acordadas explícitamente, a efecto de no entorpecer las jornadas cívicas propias de la vida pública nacional, por lo que no existe razón alguna de esta naturaleza que justifique dicha suspensión’’.

El organismo demandó al gobierno federal, no sólo dejar sin efecto la suspensión indefinida, sino ‘‘observar los mandatos que la ley establece’’ para llevar a cabo los procesos de evaluación de acuerdo con el calendario acordado. Agrega que tanto el INEE como las autoridades educativas y los docentes ‘‘debemos estar a la altura de las exigencias del país para defender la legalidad y cumplir con la obligación de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos’’.

Destaca que esta decisión afecta a cerca de 400 mil personas, tanto maestros en servicio como aspirantes a ingresar al magisterio, así como a los niños y adolescentes que cursan su educación básica, al señalar que la medida es contraria al interés superior de la niñez.