La actual legislación en materia forestal ha sobrerregulado al sector y abrió la puerta a excesos de autoridad, con lo cual se mina la producción forestal del país y los medios de vida de miles de personas en las regiones rurales, señala el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Los requisitos, trámites e imprecisiones de la ley han provocado que un permiso de aprovechamiento forestal tarde más de dos años en expedirse. Hay comunidades que hacen brechas cortafuego bajo programas de la Comisión Nacional Forestal y después son sancionadas por estos trabajos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y algunas deciden cancelar sus aprovechamientos forestales y optar por inscribir sus bosques en programas gubernamentales para recibir subsidios sin necesidad de tantos trámites, se indica en el análisis. México necesita una reforma legal de fondo para sus bosques y selvas.

La regulación que se deriva de las leyes General de Desarrollo Forestal Sustentable y General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente contribuye a la destrucción de empleos rurales, sobrecargas de trabajo para instituciones gubernamentales e incluso la generación de corrupción, advierte.

Agrega que hay más de 50 trámites para obtener un permiso de aprovechamiento, hay gran lentitud cuando se trata de la revisión de campo y en el apego al cumplimiento de plazos señalados por la legislación, así como discrecionalidad en la aplicación de la ley por vacíos e imprecisiones.

Todo esto no sólo afecta a las comunidades y propietarios de recursos forestales, que ven obstaculizada una fuente de ingresos que puede ser sustentable; también produce fuertes problemas a la Semarnat, que ve rebasadas sus capacidades para realizar tantos trámites, a la Conafor, que ve obstaculizado el cumplimiento de sus esfuerzos para desarrollar el sector forestal nacional, y a los ecosistemas forestales, que siguen bajo presión de cambios de uso de suelo para desarrollar actividades económicas que resultan más sencillas, baratas y rentables.

Los datos revelan todas estas dificultades de los productores. Durante la última década la producción maderable cayó 30 por ciento, el déficit comercial de madera ha pasado de un superávit de 34 millones de dólares en 1994 a un déficit de mil 127 millones de dólares en 2014, entre 2004 y 2009 cerraron al menos 95 unidades económicas de la industria forestal, como aserraderos y fábricas de laminados y aglutinados de madera.

Agrega que hay una iniciativa para establecer una nueva legislación en la materia, que surgió del análisis y consenso de los diferentes actores del sector forestal mexicano, y debe ser una prioridad para el gobierno federal y el Legislativo. Su aprobación, indica, no debería aplazarse, ya que se perdería una oportunidad para mejorar el marco regulatorio que hoy desincentiva el manejo de los bosques y de las selvas, destruye a la industria forestal, genera pérdida de empleos en regiones rurales y tampoco contribuye a reducir la deforestación y los cambios de uso de suelo.