Una vez publicada la reforma constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción, en el Senado se debe comenzar a trabajar de inmediato en las 19 leyes secundarias, coincidieron legisladores de todas las fuerzas políticas.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, comentó que las dos legislaciones reglamentarias más urgentes son la creación de dos nuevas leyes: la general del Sistema Nacional Anticorrupción y la de responsabilidades administrativas.

Por separado, el senador panista Ernesto Cordero advirtió que se tiene que ser realista, ya que todo ese entramado legal que se debe construir no servirá para meter a la cárcel a peces gordos, ya que las sanciones que incluye son sólo administrativas.

“No nos engañemos, el avance fue muy marginal, se trata de una reforma que va a tardar varios años para que funcione y no incluyó responsabilidades penales, no toca al presidente de la República, quien podrá seguir con temas como el de la Casa Blanca”, recalcó.

El senador Escudero y el perredista Armando Ríos Piter difirieron de ello. Sostuvieron que depende de las leyes reglamentarias la posibilidad de combatir la corrupción y la impunidad.

Escudero resaltó que no se puede desestimar que se amplían las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que permitirá sancionar tanto a servidores públicos, como a particulares vinculados con hechos de corrupción.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la ASF y los órganos internos de control, y serán resueltas por el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, el cual podrá imponer sanciones económicas a particulares. Es el primer paso de un largo trabajo legislativo, agregó.

Igualmente, el perredista Armando Ríos Piter sostuvo que el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción todavía está por generarse. Ya tenemos un nuevo andamiaje, ahora hay que diseñar leyes como la de participación ciudadana, la ley de responsabilidades de los servidores públicos, y adecuar las leyes orgánicas.

Además se debe abordar lo que tiene que ver con cambios en la ASF, de la propia Secretaría de la Función Pública, la parte de inteligencia financiera, de declaraciones patrimoniales y de intereses y responsabilidad de las personas morales.

Expresó que también se debe debatir cómo dar fuerza a la autonomía de las fiscalías. Uno de los propósitos es que realmente funcione para que se pueda combatir la corrupción y la impunidad.

Añadió que uno de los grandes pendientes, que quedó en suspenso en esa reforma, es eliminar el fuero del presidente de la República en casos de corrupción.