Entre acusaciones interpartidistas sobre prácticas de corrupción y cuestionamientos a las responsabilidades sobre el mal rumbo del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó adoptar medidas para inhibir la compra y coacción del voto en esta fase final de las campañas. Aprobado de forma unánime por los consejeros, el fuego cruzado entre los partidos salpicó a varios, quienes se acusaron de casi lo mismo que denunciaban.

En el acuerdo se establece, entre otras cosas, evitar la compra, coacción e inducción del voto, así como acciones que generen presión sobre el electorado; ordenar reforzamiento de la difusión de mensajes para atacar las posibles prácticas de compra y coacción del sufragio; señalar que aceptar regalos, despensas, dinero o materiales de construcción, no compromete a votar por alguien.

Asimismo, el acuerdo promovido por Morena establece la prohibición de propalar de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Por otro lado, los funcionarios de casilla deberá realizar acciones para garantizar la libertad del sufragio y advertir de reuniones de personas auspiciando el voto a favor o en contra de un candidato.

El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, cuestionó el ‘‘cinismo’’ en la distribución de pantallas de televisión, que ahora sustituye a la ‘‘tradicional despensa’’. Subrayó que “este acuerdo va dirigido plenamente al corazón de la forma priísta de actuar, a evitar que este partido siga empeñado en la regresión autoritaria que ha querido echar a andar’’, por lo que, dijo, si el INE logra frenar la compra del voto ‘‘será un gran triunfo’’, pero si sólo presume la instalación de casillas habrá cumplido parcialmente su responsabilidad.

La respuesta del priísta Jorge Carlos Ramírez Marín no se hizo esperar. Aunque destacó la pertinencia del acuerdo arremetió contra la ‘‘paranoia’’ de Morena de atribuirle al PRI muchas prácticas, sin mirar, entre sus candidatos, el desempeño. Aludió al audio de una conversación privada de Ricardo Monreal, candidato a jefe delegacional en Cuauhtémoc, instruyendo a simular un contrato para acreditar gastos, por lo que fustigó ‘‘la ignorancia, el cinismo y el carácter delincuencial’’ del candidato.

El panista Francisco Gárate terció para reivindicar las acciones contra la compra y coacción del voto, antes de descargarle al PRI y endilgarle la ‘‘escandalosa’’ distribución de las pantallas de televisión en municipios mexiquenses. ‘‘Y cuando se habla de civilidad, ¿qué es la civilidad? ¿No es acaso justo nuestro compromiso por respetar la ley? Y todos lo decimos aquí: estamos comprometidos para respetar la ley, pero en los hechos ¿qué sucede?’’, dijo antes de dirigir nuevas críticas a los gobiernos priístas.

Ramírez Marín respondió con una larga lista de lo que presentó como bondades de las reformas estructurales aprobadas, para rubricar su intervención: ‘‘Eso es lo que le ha valido a los mexicanos tener estas perspectivas de mejora que antes no tuvieron, que se perdieron ominosamente en el pasado de la corrupción’’.

Entre descalificaciones transitó un debate que derivó en la aprobación unánime del paquete de medidas destinadas a inhibir la compra y coacción del voto.

Durante la sesión se presentó el informe mensual de las quejas presentadas hasta el 20 de mayo. ‘‘Se han recibido 338 quejas o denuncias y se han iniciado de oficio 49 procedimientos, es decir, 387 procedimientos en total, de los cuales 281 corresponden a procedimientos sancionadores especiales y 106 a ordinarios’’.