Buenos Aires.

Cinco de los seis imputados en la causa por los vuelos de la muerte que partieron de la guarnición militar de Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado de la dictadura (1976-1983 ) serán enjuiciado, decidió l jueza Alicia Vence, del Tribunal Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Los procesados, bajo prisión domiciliaria, apelaron de la decisión. Entre ellos figura el coronel retirado Alberto Luis Devoto, colaborador del gobernador cordobés y precandidato presidencial, José Manuel De la Sota, quien disputará las elecciones primarias de agosto por la candidatura presidencial en la Alianza por una Nueva Argentina con Sergio Massa, del Frente Renovador, como peronistas de derecha opositores al kirchnerismo.

El caso de los vuelos de la muerte será elevado ante la Cámara Federal e involucra además a integrantes del Batallón de Aviación de Ejército 601 (de inteligencia) clave para la dictadura.

El abogado Pablo Llonto, a cargo de varias causas por delitos de lesa humanidad, consideró la decisión de la juez Vence como un avance importante; recordó que los vuelos de la muerte fueron uno de los método de exterminio aplicado en Campo de Mayo que más tardaron en ser juzgados.

Ya tenemos los primeros procesados. Ahora hay que profundizar la investigación para tratar de establecer el rol de los pilotos y ampliar el número de víctimas, dijo Llonto

Los jueces decidieron en esta causa citar alrededor de 400 soldados, que en esos momentos cumplían con el servicio militar obligatorio y muchos de debieron callar por terror sobre todo lo que vieron.

En los vuelos de la muerte desde los más importantes centros clandestinos se trasladaban a detenidos, muchos de ellos ya muertos por tortura y otros semidrogados mediante inyecciones, para ser arrojados al mar o al río de La Plata y algunos de sus afluentes.

Mientras los juicios continúan en todo el país, los mayores rezagos se deben a jueces que obstaculizan las causas en las que se juzga a sus colegas presuntamente cómplices de los dictadores en delitos de lesa humanidad, así como también en los juicios a importantes empresarios en diversos lugares del país.

En estas horas se conoció la detención del ex jefe en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Enrique Francisco Welsh, imputado por crímenes de lesa humanidad que se encontraba prófugo.

En 1976, Welsh fue jefe de personal del regimiento de infantería 7 de La Plata , donde funcionó un centro clandestino de detención.

De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, fue detenido por la policía federal. Tiene 65 años y se había ofrecido una fuerte recompensa en este caso. Este miércoles se negó a declarar ante el juez federal subrogante Laureano Durán.

Este militar fue reconocido por varios sobrevivientes como secuestrador y torturador. Vestía de civil y participaba en los interrogatorios en el centro clandestino de infantería y caballería de la policía de La Plata, uno de los primeros lugares que se estableció para estas trágicas tareas después del golpe de Estado de 1976.

La Unidad Fiscal de La Plata, que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa región, lo buscaba desde 2008.

La Corte Suprema, bajo investigación

Integrantes de la Comisión de juicio político del gobernante Frente para la Victoria (FPV) en la Cámara de Diputados pidieron investigar la firma del acuerdo para relegir una vez más a Ricardo Lorenzetti, como presidente de la Corte Suprema de Justicia.

De hecho esta elección que debía realizarse a principios del próximo año, fue adelantada abruptamente cuando ese organismo supremo tiene cuatro jueces y cuyo número no puede ser menor a cinco; entre los cuatro está Carlos Fayt, de 97 años.

En esa votación –que una afrenta para la propia Corte, el juez Fayt apareció como participante en la reunión, aunque después se conoció que en realidad no había estado allí.

Esto sucedió el pasado 21 de abril. Al reconocer que Fayt no asistido debido a su estado físico, los magistrados no se disculparon por lo que significaba una grave acción, sino que recientemente hicieron trasladar al juez Fayt a la sede de la Corte para firmar. La imagen del magistrado cargado por varias personas evidenció los recursos de la Corte para sostener una acción a todas luces reñida con lo que es un tribunal superior de justicia.