La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano un informe sobre la masacre ocurrida en la comunidad El Charco, cuando integrantes del Ejército ejecutaron a 10 indígenas y un estudiante universitario, y le dio tres meses de plazo, a partir del 20 de mayo pasado, para que presente sus observaciones.

En conferencia de prensa, sobrevivientes de los hechos ocurridos en esa comunidad del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, el 7 de junio de 1998, abogados y directivos de la Red Solidaria Década contra la Impunidad Asociación Civil que llevan el caso, destacaron la trascendencia de la decisión de la CIDH.

Señalaron que en la petición, la comisión sostiene que la masacre de El Charco es un caso paradigmático debido a que el Estado mexicano no investigó las ejecuciones y torturas cometidas contra quienes pernoctaban en la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez, por militares encabezados por los generales Luis Humberto López Portillo Leal y Juan Alfredo Oropeza, comandantes de la novena Región Militar y de la 27 Zona Militar, respectivamente.

Durante esos hechos fueron ejecutados 10 indígenas na’saavis y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de que fueron detenidas y torturadas unas 20 personas, entre ellas cuatro menores de entre 14 y 17 años de edad.

Primer paso para lograr justicia: abogado

Ericka Zamora, sobreviviente de los hechos, recordó que el 6 de junio de 1998 en El Charco se había realizado una asamblea que continuaría el día siguiente. Discutían la puesta en marcha de proyectos productivos, como la siembra de árboles de aguacate, la alfabetización y convertir a los na’saavi en comunidad autónoma de facto, cuando llegaron los militares sorpresivamente.

Esta primera decisión de la CIDH, es una gran noticia, ya que pone de manifiesto que la petición cumple los requisitos formales, dijo el abogado Ernesto Rodríguez, y consideró que se trata del primer paso para lograr la verdad y la justicia.

Expresó su confianza en lograr que se determine la responsabilidad del gobierno mexicano y se frene la impunidad contra el sufrido pueblo del estado de Guerrero, y que nunca más el Ejército actué contra la población.

María Magdalena López, secretaria ejecutiva de la red, explicó que el trámite apenas inicia y el camino es largo, pero es un paso muy significativo, pues la solicitud fue presentada en 2012 y tres años después responde la CIDH, cuando el plazo regular es de seis o siete años.

Dijo que el procedimiento continuará y la comisión evaluará la admisibilidad del caso y la responsabilidad del gobierno mexicano, por lo que solicitó a la comunidad nacional e internacional mantenerse atentos al proceso.

La abogada Yosahdara Vega leyó una carta del obispo Raúl Vera López, presidente de la red, en la que expresa su confianza de que este sea el primer paso para alcanzar la justicia anhelada desde hace 17 años.