Un tribunal federal confirmó una suspensión definitiva que solicitó Banco Azteca para evitar entregar los datos personales de sus cuentahabientes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que hasta el momento es la única institución de crédito privada que ha logrado eludir por la vía jurisdiccional la obligación que impone la autoridad hacendaria a los bancos.

La resolución del segundo tribunal colegiado administrativo deja un precedente del que se podrán valer otros bancos en México para no seguir entregando datos personales de sus clientes, entre ellos el nombre, razón social, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, clave del RFC o en su defecto CURP.

Primera vez que se otorga

Aunque no es el primer amparo que se tramita contra el ordenamiento del SAT, sí es la primera vez que una autoridad jurisdiccional concede la suspensión, la cual, de momento, frena cualquier medida de coerción que pudiera imponer la autoridad tributaria contra la oposición de Banco Azteca de entregar los datos de sus cuentahabientes.

El 8 de agosto de 2014 el SAT emitió acuerdos en los que exigió a Banco Azteca enviar una remesa de datos de 2 millones de cuentahabientes, tanto personas físicas como morales.

Lo anterior porque el artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación –cuya reforma reciente entró en vigor en enero de 2014– obliga a los bancos a verificar que sus clientes están inscritos en el RFC, así como a proporcionar directamente al SAT toda la información que éstos le aportan al abrir sus cuentas.

Bancos como Bancomer, Banamex y Banco Azteca promovieron demandas de amparo en las que alegan que el artículo 32-B del CFF es inconstitucional, pero los casos están desahogándose desde hace varios meses en diversos juzgados y no se conoce con precisión una fecha exacta para que los jueces resuelvan el fondo del litigio.

  En el caso de Banco Azteca –que cuenta con unos 34 millones de cuentahabientes, incluidas sus operaciones en países de centro y sudamérica, además de Estados Unidos–, la institución de crédito privado sostiene que el artículo 32-B viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, que garantizan la protección de datos personales.

Desde el inicio de este sexenio el gobierno promovió una reforma fiscal que incluyó modificaciones drásticas al Código Fiscal Feral para dotar de mayores facultades de fiscalización y de medios coercitivos al SAT para incrementar la recaudación.