La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tendrá que empezar a operar el 15 de noviembre próximo, y contará con abogados y especialistas para dar atención a los menores; del mismo modo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá ser apoyado con presupuestos etiquetados para hacer adecuaciones a sus centros de asistencia.

Para ello, el DIF deberá determinar los montos que requiere para poner en condiciones de dignidad todos los albergues, como los que atienden a los niños y niñas migrantes, tanto en las fronteras norte y sur del país.

En conferencia de prensa, la senadora Angélica de la Peña aseveró que la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes no debe quedar sólo en el papel y es necesario aplicarlo con presupuesto y con el respaldo de políticas públicas.

Del mismo modo, dijo, debe asegurarse que sea una ley articulada en todo el país. Añadió que presentó un punto de acuerdo para solicitar que se informe cómo va la instauración de este ordenamiento y conocer cómo se da en los congresos locales el proceso para poner en marcha esta ley, así como para poner en marcha el sistema nacional para garantizar los derechos de los menores.

Precisó que la publicación del reglamento de esta ley general corresponde al gobierno federal, y para ello y para la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral a los menores tiene como fecha límite el 2 de junio.

Las adecuaciones a los centros de asistencia del DIF y la revisión de cómo están funcionando también deben concluir el 2 de junio, pues deberán cambiar para que se encuentren en condiciones de dignidad. Por ello se debe apoyar a esta institución con presupuestos etiquetados dirigidos a este fin.

Por ejemplo, deberán ampliarse los albergues para atender a los niños y las niñas migrantes y tomar en cuenta que éstos, cuando vienen acompañados de mayores de edad, no pueden ser separados, y las nuevas instalaciones deberán considerar esta condición, dijo la legisladora.

En cuanto a la procuraduría federal para los derechos de los niños y adolescentes, indicó que para que ésta empiece a funcionar en el DIF se necesita un estatuto que contenga las atribuciones de esta instancia, sus obligaciones y facultades.