rustrado el proyecto de salud universal, Peña Nieto articula una ruta programática para universalizar de facto y sin cambio legal: convenios de intercambio de servicios IMSS-Issste-Se­guro Popular, emergencias obstétricas, reformas para recentralizar el Seguro Popular y expediente clínico electrónico (DF). También optó por aliarse con el sector asegurador para detonar su participación en la prestación directa de servicios. Para ello modificó, en estrecha colaboración con los aseguradores, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

Fue claro que, siguiendo a Funsalud, el objetivo del frustrado proyecto, que durante 26 meses la secretaria Mercedes Juan machacó como la reforma que sigue, buscaba abrir al sector privado la prestación directa de servicios. Imponiendo un derecho a la salud degradado sólo a paquetes básicos mínimos como toda responsabilidad estatal, Mercedes Juan (con las observaciones del ministro José Ramón Cossío) aguardaba detonar la participación del sector asegurador, vía pólizas complementarias, para atender con nuevos cobros, lo que excluyen esos paquetes.

En la 25 Convención de Aseguradores (7/5/15), Mario Vela, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y ejecutivo de GNP Seguros, presentó una iniciativa a la SHCP para que afiliados del Seguro Popular puedan mudarse a aseguradoras privadas. Si lo que desea es protección más amplia, dijo, el gobierno podría entregarle el subsidio de su cobertura popular para que él la complete comprando una póliza. Ello permitiría que afiliados de escasos recursos accedieran a coberturas más complejas que, por su definición, el Seguro Popular no puede ofrecer.

En la convención, con el tema Ahorro y salud, Miguel Ángel González Block –viejo conocido de Funsalud y ahora gerente de la Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud– agregó que se trata de facilitarles un incentivo para comprar una cobertura que permita darles acceso a la infraestructura y especialistas del sector privado.

Ejemplo de esta colaboración es la asociación público-privada entre el Seguro Popular-Hidalgo y la Institución de Seguros Especializada en Salud (ISES) MediAccess, firmado en 2012. Para su ejecutivo Klaus Wiegandt, la nueva Ley de Instituciones de Seguros permite que las aseguradoras de gastos médicos mayores ofrezcan coberturas de salud, lo que abrirá más el mercado. MediAccess, aclara, es una compañía de seguros, una administradora de salud y tiene proveeduría de salud propia. Gracias a la asociación público-privada, los afiliados del Seguro Popular se atienden en MediAccess: “montamos clínicas de primer contacto, ponemos la infraestructura, médico general, salud primaria y al mismo tiempo generamos la contrarreferencia hacia la infraestructura de salud que tiene el Estado. El modelo ya se busca replicar en otros estados”.

Por su parte, Santiago Fernández, vicepresidente corporativo de salud de la aseguradora Axa, que también dispone de una ISES, considera que la Ley de Seguros abre una puerta para que exista mayor protección de la salud. Que las aseguradoras de gastos médicos mayores puedan ofrecer coberturas de prevención ayudará en la detección de enfermedades y a que la población que contrata estos servicios financieros esté mejor protegida. Remata: Mientras más penetremos, más acceso le damos a la medicina privada y le quitamos carga a la pública.

La participación directa de privados en la política pública es gran asunto pendiente que debe debatirse amplia y pluralmente de inmediato, antes de seguir universalizando sólo programáticamente o innovando con modelos de dudosa ventaja sanitaria para las mayorías sin capacidad de pago y con la red pública como única opción.

Especialmente cuando –como en el caso del modelo Hidalgo-MediAccess– está por definirse qué ganan afiliados al Seguro Popular (ya sometidos a derechos degradados que apenas cubren gastos médicos menores o paquetes básicos: Catálogo Universal de Servicios Esenciales y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos), con las ventajas del modelo y que sólo atienden lo básico con cobro, para luego, referir a lo especializado de una red pública estructuralmente desfinanciada e incapaz de cumplir los parámetros de suficiencia para brindar la debida atención que determinan la OMS y la OPS.

Socialmente, la iniciativa AMIS-Gon­zález Block es poco viable. Primero porque los procedimientos en sitios privados suelen ser más caros que en públicos. De no cuidarse los costos, quien terminaría pagando más sería el paciente. Además: ¿las pólizas cubren tecnologías de punta? Segundo: dado que la rentabilidad económica de la iniciativa opera sobre las intervenciones curativas (gastos médicos menores y mayores), ¿cuál sería el peso efectivo de las componentes preventivas de las pólizas? La iniciativa de los aseguradores contradice frontalmente las supuestas estrategias preventivas de Peña-Mercedes Juan. Tercero: con el gancho de prevenir gastos médicos menores ¿la red de médicos primarios de la iniciativa contempla el control de padecimientos crónicos no transmisibles? Porque González Block quiere acceso a la infraestructura y especialistas del sector privado, lo que incrementa costos.

Ciertamente, hoy la más robusta demanda ciudadana milita por una universalidad integral, efectiva y resolutiva. Que no degrade: que amplíe el derecho a la altura de las constelaciones de riesgo que aquejan a esa condición ciudadana del siglo XXI. No reducirlo al dictado de los paquetes básicos, ahora compartiendo recursos públicos con el sector asegurador, sin beneficios tangibles para ese aseguramiento vía pólizas limitadas a gastos médicos menores y proyectadas al costoso mercado de las especialidades.

Después del frustrado proyecto de Peña, el gobierno que asuma las riendas en 2018 deberá partir de cero ajustando su oferta a esa demanda ciudadana y no a la que el país necesita.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco