La Paz , BCS.

Cuatro candidatos compiten por la gubernatura de Baja California Sur, pero la contienda se centra en Carlos Mendoza Davis, de los partidos Acción Nacional (PAN) y Renovación Sudcaliforniana (PRS, local), que actualmente gobiernan al estado, y Ricardo Barroso Agramont, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).

Se trata de una competencia entre herederos de ex gobernadores priístas. Mendoza Davis es hijo del ex mandatario Ángel César Mendoza Arámburo, y Barroso Agramont es nieto del primer gobernador constitucional de Baja California Sur, Félix Agramont Cota.

Ambos se vuelven a enfrentar, luego que en 2012 encabezaron las fórmulas del PAN y del PRI al Senado. Barroso Agramont derrotó entonces a Mendoza Davis, pero éste obtuvo su escaño como titular de la primera minoría. Carlos Mendoza fue coordinador de campaña del panista Marcos Covarrubias, quien a su vez ganó a Ricardo Barroso la gubernatura en 2011.

Los otros contendientes son Jesús Druk González, abanderado de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano (PRD-PT-MC), y Víctor Manuel Castro Cosío, del partido Morena; quienes están fuera de competencia, según encuestadoras y analistas políticos. La contienda se inició con cinco candidatos, pero el independiente Benjamín de la Rosa perdió su registro al incluir a personas fallecidas en sus listas de apoyo.

En las campañas por la gubernatura, sobre todo entre los punteros, prevalece la guerra sucia en redes sociales, descalificaciones personales, señalamientos por uso indebido de recursos públicos y programas sociales, así como denuncias de espionaje telefónico.

El PRI menciona que hay una elección de Estado porque el PAN es gobierno en Baja California Sur, y el blanquiazul señala apoyos ilegales y amenazas a beneficiarios de programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) si no votan por candidatos tricolores.

El PAN denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a la delegada estatal de la Sedesol, María Luisa Araceli Domínguez, por la entrega de 4 mil apoyos por más de 5 millones de pesos del programa de empleo temporal durante el periodo de veda electoral.

Mendoza Davis y Barroso Agramont libran una guerra de acusaciones, entre las que se esgrimen presuntas relaciones con el crimen organizado.

Desde el arranque de la campaña, Mendoza Davis presentó sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, así como las de su esposa, con quien tiene un patrimonio de 15 millones de pesos, y exigió a su homólogo del PRI hacer lo mismo.

Barroso Agramont se limitó a mostrar lo que entregó al Senado y se refirió a un portal de transparencia del Instituto Mexicano para la Competitividad, en la que hay poca claridad sobre el monto de sus bienes y sobresalen los de su esposa, sin mayores detalles.

El PRI usó grabaciones de conversaciones telefónicas para desacreditar al panista. Según los audios, no reconocidos por Mendoza Davis, supuestamente pide apoyo al senador Ernesto Cordero para impedir que se divulgara que la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos aprehendió a su concuño, Abelino Montoya Saracho, en septiembre de 2014.

El PRI exhibe audios

En noviembre de ese año, Carlos Mendoza dijo que no tenía que responder por terceros y que desde 2013 no veía a esa persona, esposo de la hermana de su cónyuge, pero el PRI revivió la presunta grabación con Cordero en la actual campaña electoral.

El tricolor mostró otros audios para comprobar la solicitud del pago de encuestas por el gobierno estatal, y una supuesta conversación entre Carlos Mendoza y el candidato del PAN al gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez, sobre el financiamiento de sus campañas, por lo que interpuso una denuncia ante la Fepade.

El secuestro y liberación de Jesús Castellanos de la Torre, ex secretario particular de Ricardo Barroso en el Senado, con antecedentes penales, sirvió al PAN para vincular al candidato priísta con narcomenudistas. A esto se sumó un traspié verbal de Barroso en un debate, cuando afirmó que el financiamiento de mis campañas no tendrá lugar a dudas a que viene del crimen organizado. El priísta dijo un día después que incurrió en un error, mientras el PAN lo denunció ante la Fepade por su confesión.

Centran ataques por la inseguridad

Los priístas han apuntado sus ataques hacia el gobierno panista por el clima de inseguridad que prevalece en La Paz desde hace 10 meses, con más de cien asesinatos.

De igual manera, un paro de maestros que duró tres semanas, para reclamar prestaciones económicas, horas y plazas, fue señalado por el PAN como una estrategia del PRI y su aliado, el Panal, para afectar la imagen del gobierno panista que encabeza Marcos Covarrubias.