A cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Migración, los hechos demuestran que hay escaso avance en la construcción de una política migratoria integral de Estado, aseguró el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, el cual, además, planteó la urgencia de restructurar el Instituto Nacional de Migración (INM).

En una larga lista de pendientes, el grupo de trabajo, integrado por 16 organizaciones no gubernamentales (ONG), así como un grupo de consultores e investigadores, denunció que, pese a todo este tiempo transcurrido, todavía no existe una armonización legal con las 32 entidades federativas.

También expuso que el control y la verificación migratoria siguen siendo arbitrarias y contrarias no sólo frente a la ley, sino a la Constitución misma, además de que la regulación y regularización migratoria no obedece a la realidad de la población migrante, y que el acceso a la justicia sigue siendo un tema pendiente, pese a que esta reforma se creó en el contexto de una de las masacres más cruentas perpetradas en el país: la de las 72 personas inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.

Lamentó que esta ley, que en un principio buscaba ampliar la protección de los derechos humanos de la población migrante en nuestro país, y proteger a los connacionales migrantes, se centró finalmente en la regulación de la entrada y salida de la población mexicana y extranjera del país, y en el tránsito y la estancia de las personas extranjeras en México, bajo la preservación de la soberanía y la seguridad nacional. En su implementación, la ley ha carecido de efectos positivos en la vida de la población migrante.

El Grupo de Trabajo se quejó de que tampoco hayan sido discutidas en el Senado sus propuestas de reformas, las cuales buscan cubrir los vacíos que tiene la actual legislación, y que se centran en siete ejes, como el acceso a la justicia, las condiciones de detención y alternativas, el procedimiento administrativo migratorio, la regulación y regularización migratoria, la participación ciudadana, la infancia migrante y el fortalecimiento institucional.

Las propuestas no sólo intentan modificar la Ley de Migración, sino también su reglamento y disposiciones administrativas, de tal forma que estén armonizadas con el derecho internacional y lo establecido en la Constitución en materia de protección a los derechos humanos de las personas migrantes, señala el grupo de trabajo, en un comunicado con motivo del cuarto aniversario de la ley, que entró en vigor el 25 de mayo de 2011.

Respecto de la propuesta de restructurar el INM, opinó que esa acción es necesaria, pues la labor de control y verificación migratoria que desarrolla el instituto viola sistemáticamente los derechos humanos de la población migrante. Ello implica, además, dejar de considerar al INM como una dependencia de seguridad nacional.

Entre las organizaciones que conforman dicho grupo están el Centro Pro de Derechos Humanos, Fundar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración, el Movimiento Migrante Mesoamericano, la Red por los Derechos de la Infancia en México, y Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y ­Latinoamericanas.