Un grupo interdisciplinario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se encuentra desde el pasado sábado en el municipio de Tanhuato y en la ciudad de Morelia, Michoacán, para trabajar en coordinación con las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, para atender y asesorar a los familiares de los 42 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que el viernes fueron abatidos por elementos de la Policía Federal en un rancho en Tanhuato, informaron funcionarios de la CEAV entrevistados por La Jornada.

Añadieron que si la investigación que realizan las comisiones de derechos humanos en el lugar de los hechos demuestra que la versión oficial del gobierno federal –respecto de que el enfrentamiento entre los ahora fallecidos y elementos militares y de la Policía Federal derivó de una persecución– es falsa, los familiares de los muertos tendrán derecho a la reparación del daño por parte de todas las autoridades involucradas, como ocurrió en el caso Tlatlaya.

Los funcionarios de la CEAV indicaron que la misión del grupo interdisciplinario es ubicar y atender a los familiares de las víctimas, a fin de ofrecerles toda la ayuda necesaria, así como la asistencia legal, médica y sicológica que requieran tanto las víctimas directas como indirectas.

Se nos han acercado algunas personas. Estamos en el proceso de determinar si efectivamente son familiares de alguno de los fallecidos en Tanhuato, dijo uno de los funcionarios de la CEAV entrevistados.

Durante el pasado sábado, personal de servicios periciales, con la supervisión de ambas comisiones de derechos humanos, realizó el levantamiento de los cadáveres de los presuntos sicarios hasta que concluyeron las labores de fijación de la escena del crimen. Posteriormente los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Morelia, donde los peritos continuarán con las labores de investigación.

El rancho El Sol, sitio donde ocurrió el enfrentamiento en el que los 42 presuntos delincuentes fueron abatidos, se encuentra cercado por agentes federales e integrantes del Ejército Mexicano, a fin de que nadie ajeno a las investigaciones ingrese y pueda alterar los estudios criminológicos.