Chilapa, Gro.

Familiares de al menos 30 personas desaparecidas entre el 9 y el 14 de mayo pasado en Chilapa de Álvarez, durante la incursión de supuestos policías comunitarios a esa cabecera municipal, fijaron un plazo de 48 horas al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, para que les entregue con vida a sus parientes, o de lo contrario, advirtieron, haremos justicia por nuestra propia mano.

Los familiares de los desaparecidos, encabezados por su vocero, José Díaz Navarro, se reunieron con funcionarios estatales en el seminario católico de Chilapa. Ahí, reclamaron al mandatario estatal que apenas hasta ahora haya acudido a la localidad a conocer del caso.

Acusaron a Ortega Martínez de negociar con los presuntos policías comunitarios, a quienes señalan de formar parte de la organización criminal Los Ardillos, que se disputa el control de la zona con Los Rojos.

El titular del Ejecutivo estatal reconoció que en esta región, que comprende, además de Chilapa de Álvarez, municipios como Ahuacuotzingo, José Joaquín de Herrera, Tixtla y Quechultenango, el gobierno ha sido rebasado. “Aquí se disputan el territorio las bandas de Los Ardillos y Los Rojos, y si actuamos unidos, vamos a impedir que sigan causando dolor y horror entre las familias”, subrayó.

El gobernador propuso dos puntos para avanzar en lo que definió como la ruta crítica para buscar a los desaparecidos: conformar una comisión en la que participen los familiares, el gobierno y la sociedad civil, y citar a las autoridades (comisarios), mediante la fiscalía estatal, a una reunión de carácter bilateral.

Rogelio Ortega dijo a los familiares de las víctimas que en la otra parte –en alusión a los comisarios de al menos 55 comunidades que participaron en apoyo a los policías comunitarios en la toma de Chilapa– también denunciaron que han desaparecido 30 personas, y reclaman su presentación con vida.

Díaz Navarro (quien tiene a cinco parientes desaparecidos desde el pasado 26 de noviembre) recordó al gobernador guerrerense que existe una lista de al menos 101 personas que se encuentran desaparecidas, pero que en muchos casos sus familiares no presentaron denuncias porque han recibido amenazas.

Al alcalde priísta de Chilapa, presente en el encuentro, los familiares de los ausentes lo acusaron de ser parte de los grupos delincuenciales. ¿A qué acuerdos llegó (con los supuestos policías comunitarios)?, le preguntaron. El edil se ruborizó y respondió: yo no fui el que negoció; el gobierno del estado ya estaba al frente de la negociación.

Justificó que haya abandonado Chilapa en el momento de la toma por los policías comunitarios: “los policías municipales que tenemos no son suficientes. De los enfrentamientos entre Los Ardillos y Los Rojos yo informé al gobierno, y por eso llegaron 500 militares e integrantes de fuerzas especiales”.

En ese momento una de las afectadas intervino y dijo al gobernador que no quieren que la Gendarmería ni la policía estatal estén en Chilapa, porque no hicieron nada cuando se llevaron a nuestros familiares.

Luego Guadalupe, una comerciante, advirtió a Rogelio Ortega: están provocando que hagamos justicia por nuestra propia mano. Otra mujer tomó la palabra y expresó: Va a esperar que nos manden a 10 chamacos muertos, y al otro día otros más. Los comisarios saben adónde están nuestros hijos, ¿o usted los protege?. Y el gobernador respondió: No.