n diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón anunció su estrategia de seguridad y ordenó a las fuerzas armadas combatir a la llamada delincuencia organizada. Con ello autorizó, en tiempos de paz, el uso de efectivos militares en tareas exclusivas de las fuerzas de seguridad pública, principalmente policiales. También militarizó a las policías. La utilización del Ejército, la Marina y las policías militarizadas en funciones de orden público no fue precedida de una declaratoria de estado de emergencia, única forma constitucional mediante la cual pueden limitarse ciertos derechos y libertades fundamentales. La guerra de Calderón no contempló límites al uso de la violencia legítima del Estado, y ello derivó en que unas fuerzas armadas entrenadas para el aniquilamiento del enemigo cometieran flagrantes violaciones a los derechos humanos, que en su inmensa mayoría no han sido investigadas y sancionadas y quedaron impunes. Fue hasta el último año de su mandato (2012) que el Presidente emitió protocolos para regular el actuar de los efectivos militares, que no satisficieron el principio de legalidad ni regularon de manera adecuada el uso de la fuerza.

Esa estrategia de seguridad cuenta con diversas políticas que han propiciado o permitido −hasta el presente− la comisión de delitos por integrantes de las llamadas fuerzas del orden, entre ellos detenciones arbitrarias, la práctica sistemática de la tortura, la desaparición forzada de personas y ejecuciones sumarias extrajudiciales. En general, los medios de difusión masiva han presentado de manera acrítica la visión gubernamental, según la cual los abatidos (muertos) producto de la estrategia contra la delincuencia son sicarios o criminales, y no civiles cuya presunta responsabilidad en un hecho ilícito debía haber sido sometida a la justicia.

Calderón exhibió como modelo exitoso de seguridad al estado de Baja California, una de las primeras entidades en ser escenario de los llamados operativos conjuntos (de militares y policías). El accionar de los militares en tareas policiales contó con el apoyo del sector empresarial. En 2009, en un acto inconstitucional, el entonces gobernador José Guadalupe Osuna nombró al comandante de la segunda región militar, general Alfonso Duarte Múgica, como mando único policial. En Tijuana fungía como secretario de seguridad pública municipal el teniente coronel Julián Leyzaola, quien llevó a cabo una política de depuración policial.

La coordinación entre mandos militares y policías (con formación castrense) fomentó el uso de la figura del arraigo con propósitos de tortura. Distintas investigaciones dan cuenta de que autoridades de los tres órdenes de gobierno tuvieron participación directa en actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El pasado 11 de marzo, La Jornada informó que en el periodo 2009-2011 el general Alfonso Duarte Múgica encabezaba personalmente allanamientos y cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y siembra de pruebas contra personas capturadas por hombres encapuchados −el llamado comando negro− pertenecientes al Grupo de Inteligencia Militar de la segunda región militar (que abarca Baja California, Baja California Sur y Sonora).

También existen expedientes que con­signan que el teniente coronel Ley­zaola y Gustavo Huerta Martínez, un ex capitán del Ejército que despachaba como director operativo en la secretaría de seguridad pública de Tijuana, utilizaban las instalaciones del 28 batallón de infantería, situado en El Aguaje de la Tuna, para torturar prisioneros. Documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dan cuenta de que a los detenidos se les cubrían los ojos con cinta adhesiva, se les ataba de pies y manos, los golpeaban, los sometían a ahogamiento con agua ( waterboarding), les aplicaban toques eléctricos en distintas partes del cuerpo, incluyendo los genitales, y les colocaban bolsas de plástico en la cara con el fin de provocarles una sensación de asfixia. También sufrían violencia sicológica (escenificación de fusilamientos, torturas a hijos, etcétera) y recibían amenazas de que los matarían y tirarían sus cuerpos en una vialidad principal de la ciudad de Tijuana, con un letrero que dijera que pertenecían a la maña. Con cuerpos destrozados a golpes y balazos, el Bulevar 2000 era el escenario favorito para el montaje de crímenes atribuidos a la delincuencia.

El modelo Tijuana pronto se extendió a Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Nuevo León y Jalisco. En la repetición deliberada y regular de ese modus operandi −que incluye una estrategia o patrón de conducta similar, para nada fortuito, accidental o casual, sino planificado−, se utilizan recursos humanos y materiales, públicos y privados (en particular personal militar y policial, instalaciones castrenses, vehículos y armas de alto calibre), y también drogas y armas de uso exclusivo del Ejército que son sembradas para fabricar pruebas e implicar falsamente a los detenidos con la delincuencia organizada.

Entre otros propósitos, dicha política sistémica de Estado tiene como fin construir a toda costa una historia de éxito en el combate a la delincuencia: Vamos ganando la guerra por goleada, se ufanaba Calderón, y repite ahora con una narrativa menos triunfalista, y tampoco creíble, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

La estrategia descrita tiene como base la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, elaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos responsables operativos, siguiendo la cadena de mando, son los jefes de las regiones, zonas, guarniciones y unidades militares. Todos tienen amplia libertad de acción y don de mando para realizar acciones contundentes contra sus objetivos. Ergo, enemigos a exterminar. Eso explica Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Villa Purificación, Ecuandureo, Tanhuato.