a decisión del gobierno colombiano de no utilizar el glifosato para destruir cultivos de coca por sus probables efectos en la salud pública y el medio ambiente (entre ellos ser cancerígeno) fue resultado de numerosas consultas en las que no todas las instancias oficiales estuvieron de acuerdo. Destacadamente el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien teme que al suspender las fumigaciones aéreas el país nade en coca. Ordóñez es conocido por su pensamiento ultraconservador, enemigo declarado lo mismo del aborto que del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es conocida su afinidad con el ex presidente Álvaro Uribe, quien asegura que la prohibición no tiene relación con la salud de los colombianos, sino que es otra concesión al grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora en conversaciones de paz en La Habana y que desde el año pasado pidió suspender las fumigaciones.

Uribe y su grupo acusan a las FARC de dedicarse al narcotráfico. Pero los más críticos de las aspersiones del herbicida son los casi 180 mil campesinos que por décadas se han dedicado al cultivo de la coca, pues, además de su salud y medio ambiente, se afectan las cosechas que conforman y son el sostén de miles de familias rurales.

Ya varios legisladores estadunidenses habían pedido suspender la estrategia de combatir cultivos ilícitos recurriendo al glifosato, pues, además de los inconvenientes anotados, es más costosa que otras acciones. En declaración pública, aplauden ahora la medida tomada. No hay que olvidar que parte de la estrategia de erradicar la coca por medio de fumigaciones aéreas se financia con dinero aprobado por el Congreso estadunidense. Y que ambos países no se ponen de acuerdo sobre cuál alternativa de combate adoptar y que sea efectiva.

Dos de ellas han mostrado sus limitaciones: la erradicación manual y el apoyo a cultivos alternativos que diversifiquen la economía campesina y tengan un alto valor en el mercado, como la palma africana y el cacao. La erradicación manual expone a quienes la realizan al poder local y las armas que tienen los grupos que protegen los sembradíos de coca. Y en cuanto a los cultivos alternos, no aparecen los que compitan en precio con las hasta cuatro cosechas que al año se pueden obtener de coca.

En cambio, una comisión de expertos integrada por el gobierno colombiano propone que la política de lucha contra el narcotráfico se dirija a perseguir y desmantelar con más decisión, efectividad y recursos a las grandes estructuras criminales, las que más violencia y daños colaterales generan, y no cebarse en los eslabones más débiles de la cadena. El gobierno reconoce que la actual estrategia resulta muy costosa e inútil si se consideran los resultados. El economista Daniel Mejía ofreció datos reveladores al respecto: para eliminar con la aspersión aérea del glifosato una hectárea cultivada con arbustos de coca se deben fumigar 32 hectáreas que no lo están. Eliminar efectivamente esa hectárea de coca le cuesta al gobierno cerca de 57 mil dólares, mientras la utilidad del campesino por la hoja de coca que vende no llega a 2 mil dólares. Mejía demuestra en su estudio que en la guerra contra las drogas se obtienen mejores frutos decomisando los cargamentos de cocaína, destruyendo laboratorios para su procesamiento y golpeando a las mafias dueñas del negocio. Y recuerda los 57 mil muertos que ya deja la estrategia actual y los daños a los cultivos, la salud y el entorno social de los campesinos, cocaleros o no.

Pero la prohibición reciente apenas resuelve una pequeña parte del problema que ocasiona el glifosato en Colombia: aproximadamente 90 por ciento de este compuesto químico se aplica en importantes áreas agrícolas, como las de arroz, maíz y caña de azúcar. Quizá por eso Monsanto, la trasnacional que lo elabora, guarda silencio en torno a la determinación de no utilizarlo en el combate a la coca, a fin de no alentar a los grupos que en todo el mundo buscan la total eliminación del herbicida. Mientras, y con la complacencia oficial, en Colombia, México, Argentina y otros países seguirá reinando esa peligrosa sustancia.