El senador Alejandro Encinas, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, demandó al gobierno federal aclarar de inmediato lo que realmente sucedió la víspera en Tanhuato, Michoacán, ya que podría tratarse de un nuevo caso Tlatlaya, donde los presuntos delincuentes no murieron en un enfrentamiento, sino que en realidad fueron ejecutados por fuerzas federales.

Señaló que en la versión oficial hay serias contradicciones, y los hechos hablan de que “fue un operativo para aniquilar, por lo que no puede descartarse que sea el ajuste de cuentas después del derribo del helicóptero del Ejército y las emboscadas de que han sido objeto elementos militares y de la Policía Federal por el cártel Jalisco Nueva generación”.

Encinas resaltó que de entrada, hay dudas sobre el lugar preciso del rancho en que ocurrió el supuesto enfrentamiento, ya que las autoridades lo ubicaron en el municipio de Tanhuato, pero en realidad está en Ecuandureo.

Explicó que ayer pasó por ese rancho que está ubicado sobre la autopista Guadalajara-Morelia, a pie de carretera, por lo que es falso también que hubiera una persecución en zona rural, según dice la versión de las autoridades.

“Otra información contradictoria, detalló, es que primero se señaló que se trataba de un enfrentamiento derivado de la persecución de una camioneta sospechosa, desde la que le dispararon a elementos de la Policía Federal (PF), pero luego dieron otra versión y dijeron que fue un operativo a partir de una denuncia por un despojo de tierras en ese rancho –que está todo cercado–, en el que participaron 500 elementos de las fuerzas especiales de la PF y la Armada”.

Con esos elementos, dijo, todo indica que fue un operativo de aniquilamiento de ese grupo delictivo, por lo que debe darse la información plena y veraz. De entrada, debe haber un examen pericial externo de los cuerpos de los 42 presuntos delincuentes, que ya fueron trasladados a Morelia.

Encinas aclaró que no pretende que los integrantes de bandas criminales no sean juzgados o que en una confrontación con fuerzas de seguridad del Estado éstas no respondan. “Lo que nadie puede aceptar es que los ultimen, porque si hoy son delincuentes los ejecutados, mañana puede ser cualquier ciudadano”, concluyó.