oseph Stiglitz en El precio de la desigualdad (2014; en inglés 2012-2013), dice:

Estadunidenses, europeos y gente de otras democracias se sienten muy orgullosos de sus instituciones democráticas. Pero los que protestaron han puesto en duda si hay una verdadera democracia. La verdadera democracia es más que el derecho de votar una vez cada dos o cuatro años. Las opciones deben ser significativas. Los políticos deben escuchar las voces de los ciudadanos. Pero cada vez más, especialmente en Estados Unidos, da la impresión que el sistema político es más parecido a un dólar un voto que a una persona un voto.

Al comienzo de esta serie (12/12/14) y en la entrega XIII (20/3/15) enumeré siete tendencias observables que anuncian el fin del capitalismo. Hasta ahora he analizado las siguientes tendencias: el cambio climático que puede conducir a la sexta extinción; el fin de la sociedad centrada en el trabajo pagado que resulta de la automatización generalizada; la creciente desigualdad; y el estancamiento económico como estado permanente del capitalismo monopolista financiero. Las que no he analizado son la crisis alimentaria mundial, la disminución creciente del poder de los medios de comunicación masiva ante el Internet, redes sociales, celulares, etcétera, y la tendencia al fin de la ilusión de la compatibilidad entre democracia y capitalismo, que hoy empiezo a examinar. Para ello, sigo el libro de Erik Olin Wright (EOW), Construyendo utopías reales (Akal, Madrid, 2014; en lo que sigue cito libremente del capítulo 2 de la edición en inglés, Verso, Londres, 2010), en el cual EOW sostiene que visualizar utopías reales es un componente de una tarea más amplia: desarrollar una ciencia social emancipatoria (CSE). La CSE busca generar conocimiento científico pertinente para el proyecto colectivo de desafiar varias formas de opresión humana, para lo cual ha de llevar a cabo tres tareas básicas: elaborar un diagnóstico sistemático y criticar el mundo realmente existente; visualizar alternativas viables; y entender los obstáculos, posibilidades y dilemas de transformación. El punto de partida es identificar las maneras en las que las instituciones y estructuras sociales imponen daños a las personas. Es necesario mostrar que el sufrimiento humano y las enormes desigualdades en el grado en el cual la gente puede vivir vidas florecientes se explican por propiedades específicas de instituciones y estructuras sociales. La primera tarea de la CSE es, por tanto, el diagnóstico y crítica de los procesos causales que generan estos daños, tareas conectadas con la justicia social y la teoría normativa. Describir una organización social como generadora de daños, es infundir el análisis con un juicio moral. Detrás de cada teoría emancipatoria hay una teoría implícita de la justicia, una concepción de qué condiciones tendrían que cumplirse antes de que las instituciones de una sociedad pudieran considerarse justas. Subyace a este análisis, continúa diciendo EOW, un entendimiento radical-democrático-igualitarista de la justicia que se apoya en:

El principio de justicia social: en una sociedad socialmente justa, todas las personas tendrían, en general, acceso igual a los medios materiales y sociales para vivir vidas florecientes.

El principio de justicia política: en una sociedad políticamente justa, todas las personas tendrían, en general, acceso igual a los medios necesarios para participar significativamente en decisiones sobre cuestiones que afectan sus vidas. Esto incluye tanto la libertad del individuo para tomar decisiones sobre cosas que afectan su propia vida como persona separada, y su capacidad para participar en decisiones colectivas que afectan sus vidas como miembros de una comunidad.

Hoy me centro en el segundo principio, que involucra libertad individual y democracia, ambas referidas al poder de las personas para tomar decisiones sobre cuestiones que afectan sus vidas. La idea central que está detrás es que las personas deben tener tanto control como sea posible sobre aquellas decisiones que afectan sus vidas. Libertad es el poder de tomar decisiones acerca de la propia vida; democracia es el poder de participar en elecciones colectivas que lo afectan a uno como miembro de la sociedad más amplia. El principio democrático igualitario de justicia política es que todas las personas deben tener igual acceso a los poderes necesarios para tomar decisiones sobre sus propias vidas y participar en las decisiones colectivas que les afectan. Desde esta visión de la democracia debe valorarse su compatibilidad con el capitalismo.

Portada del libro en inglés de Erik Olin Wright

Este entendimiento igualitario de la libertad reconoce los ideales liberales centrales de los derechos y la autonomía individual, que buscan minimizar el grado en que individuos están sujetos a coerción externa. Difiere de las formulaciones liberales al enfatizar también el principio igualitario de que todas las personas deben tener acceso igual a los poderes requeridos para tomar decisiones sobre sus propias vidas y no sólo estar igualmente protegido de la coerción externa. Corresponde con lo que Van Parijs ha llamado “libertad real para todos”, que implica que las personas tienen las capacidades efectivas para tomar decisiones importantes, y que esto requiere que tengan acceso a los recursos básicos necesarios para actuar en sus planes de vida. Las distribuciones igualitarias de recursos materiales tienen entonces una doble justificación: la justicia social requiere igual acceso a los medios materiales necesarios para vivir una vida floreciente; la justicia política requiere igual acceso a los medios materiales para la libertad real. Aquí podemos añadir que libertad es un concepto opuesto no sólo a sometimiento u opresión, sino también a necesidad o carencia. Una persona hambrienta no es libre, aunque no esté oprimida. EOW continúa:

Más allá de la igualdad política formal, la democracia necesita estar empoderada de maneras que habiliten a las personas a controlar colectivamente su destino común. Muchas decisiones económicas que tienen efectos masivos en nuestro destino colectivo suelen ser consideradas materia privada y son tomadas por los altos mandos de las corporaciones. La demarcación entre lo ‘público’ y lo ‘privado’ está anclada en una concepción fuerte de la propiedad privada que aísla de la intervención pública un amplio rango de decisiones sobre recursos y actividades. Pero incluso para asuntos vistos como objetos legítimos del control público, el empoderamiento democrático popular es muy limitado. La política electoral está fuertemente dominada por las elites, violando los principios democráticos de igualdad política.

La democracia radical, en cambio, es una concepción amplia de la democracia en la cual el ideal de la igualdad política de todos requiere fuertes mecanismos institucionales para impedir que el poder económico privado se traduzca en poder político. En ella, el ámbito de la toma de decisiones democráticas se extiende a todos los dominios con consecuencias públicas importantes. Y las arenas para la participación ciudadana se extienden más allá de emitir votos. Concluye EOW:

La democracia radical es tanto un ideal en sí mismo –las personas deberían tener el derecho de participar significativamente en decisiones que afectan sus vidas– como un valor instrumental, pues las instituciones de poder político democrático-radicales facilitarían la realización del principio igualitario de justicia social en términos de florecimiento humano. El igualitarismo democrático es la combinación de los puntos de vista radical igualitario de justicia social y radical democrático de justicia política.

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