Entre el 17 de abril y el 21 de mayo el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha revisado 277 pipas de gas en tres operativos sorpresa realizados en las delegaciones Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Tláhuac, durante los cuales se ha remitido a 10 conductores a juzgados cívicos, dos más ante el agente del Ministerio Público y enviado seis vehículos a una planta de almacenamiento de las empresas gaseras para su resguardo.

Ayer, en punto de las 5 de la mañana se efectuó el tercer operativo, con un saldo de 51 vehículos revisados. En esta ocasión los puntos de verificación se instalaron en el Eje 8 Sur y Eje 6 Sur, frente al Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, donde se inspeccionó a 23 unidades; en avenida Tláhuac, entre Antonio Béjar y José Bernal, 25 autotanques, de las cuales dos fueron remitidos, y en la carretera federal México-Toluca, entre las avenidas Veracruz y De los Cedros, Cuajimalpa, tres pipas, una de ellas fue remitida.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Protección Civil y la Consejería Jurídica (Cejur) capitalinas, los conductores de las tres unidades remitidas fueron trasladados a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia del DF, y las unidades fueron enviadas a una planta de almacenamiento.

El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo García, explicó que la revisión se inicia con la instrucción de los elementos de tránsito a los conductores de las pipas para que se detengan, luego se notifica a los conductores sobre la aplicación del operativo de revisión en la materia, y se prosigue a verificar que la pipa esté en el padrón de autotanques de gas LP de la Secretaría de Energía.

La Cejur detalló en el primer operativo, realizado el 17 de abril, se remitió a tres conductores al juzgado cívico; cada uno de ellos pagó una multa de mil 468.95 pesos, y uno más se trasladó al Ministerio Público; en el segundo (30 de abril), se remitió a siete operadores al juzgado cívico, seis optaron por pagar la multa y el otro decidió pasar 25 horas de arresto. En el tercero (21 de mayo) se turnó a una persona al Ministerio Público.