La Comisión Permanente (CP) del Congreso de la Unión formuló ayer la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que crea el sistema nacional anticorrupción, con el voto a favor de 24 legislaturas locales. Después de un áspero debate, PRD y PT advirtieron que se requieren crear 15 leyes secundarias para echar a andar ese ordenamiento o de lo contrario no servirá de nada.

El presidente de la CP, Miguel Barbosa, turnó la reforma al Diario Oficial de la Federación para que se publique.

Durante el debate se dio un intercambio de acusaciones de corrupción entre las fuerzas políticas y salieron a relucir los casos de la Casa Blanca, del presidente Enrique Peña Nieto, de OHL y de la presa del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

El senador perredista Armando Ríos Piter utilizó lo publicado ayer en la prensa nacional para referirse a casos de corrupción en todos los partidos. Aludió a una información sobre la casona que habita el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que obtuvo en un millón de pesos y estaba valuada en 39 millones. Se refirió también al emporio porcino del candidato a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez, que no incluyó en su declaración patrimonial.

Los panistas salieron en defensa de su compañero. El senador Ernesto Cordero reclamó que incluyera a Domínguez en ese recuento de corruptelas, ya que, sostuvo, la riqueza que posee la obtuvo de manera legal.

Al final, Ríos Piter aceptó que se eliminaran las alusiones a Domínguez y se centró en el Partido Verde que, dijo, es la cereza del pastel en lo que respectas a conflictos de interés. Se refirió a la iniciativa del Verde para reformar la ley electoral, a fin de beneficiar a las televisoras con las que están ligados.

Como el diputado del Verde Tomás Torres se inconformó con las críticas y sostuvo que se trata de difamación, y el diputado del PAN, Fernando Rodríguez Doval, sostuvo que su partido no ha incurrido en hechos de corrupción, Ríos Piter dijo que lo importante es lograr un marco regulatorio que garantice que no habrá impunidad en esos temas que hacen que las campañas políticas le signifiquen muy poco a la ciudadanía.

El perredista insistió en que se debe avanzar en la aprobación de las 15 leyes reglamentarias en materia de combate a la corrupción. Entre ellas una de participación ciudadana, otras de declaraciones de intereses, la unidad de inteligencia financiera y la de responsabilidad penal de las empresas.

La diputada Lilia Aguilar, del PT, coincidió en que en la reforma constitucional que ayer concluyó su proceso legislativo hay muchos faltantes. Agregó que se requiere una legislación secundaria fuerte o de lo contrario será una ley de papel más.

Otra perredista, la diputada Amalia García, sostuvo que la contratista española OHL es prototipo de la corrupción y demandó que con las nueva atribuciones que tendrá la Auditoría Superior de la Federación, a partir de la publicación de la reforma constitucional, investigue a fondo ese caso.

Por el PRI habló la senadora Graciela Ortiz, quien pidió que más que lanzar lodo circunstancial se debe combatir la corrupción, un mal que nos alcanzó a todos.